PLAN Nacional de Desarrollo 2025-2030. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025-2030 Índice Presentación Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación Diagnóstico de la Nación: ¿Dónde estamos? Eje general 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana Eje general 2: Desarrollo con bienestar y humanismo Eje general 3: Economía moral y trabajo Eje general 4: Desarrollo sustentable Eje transversal 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres Eje transversal 2: Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional Eje transversal 3: Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas Rumbo al futuro: Objetivos y estrategias Medición del progreso: Indicadores de seguimiento Visión de largo plazo: Plan México Anexo 1: Sistema Nacional de Planeación Democrática Anexo 2: Resultados de la participación ciudadana PRESENTACIÓN El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la guía de los objetivos y acciones del Gobierno de México en los próximos años. Estos objetivos consisten en consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad. A través de este documento, enriquecido con el diálogo y la consulta ciudadana, se reafirma el compromiso del Gobierno con el pueblo de México de gobernar con honestidad, democracia, eficiencia y con una visión humanista. El camino hacia la transformación democrática y pacífica de México ha implicado décadas de lucha popular y ciudadana por la democracia y los derechos del pueblo, enfrentando el autoritarismo y la corrupción del régimen. En 2018, con el triunfo del movimiento social y político encabezado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, inició la Cuarta Transformación, así llamada por contener cambios promovidos con el apoyo del pueblo y de dimensiones históricas. Se trata de un cambio de régimen político, al separar el poder político del poder económico; acabando con la captura del gobierno por parte de intereses privados y extranjeros. Asimismo, el establecimiento de un gobierno democrático al servicio del pueblo y del interés público, recuperando la rectoría del Estado y la procuración del progreso general, cambiando la subordinación al exterior con la defensa firme de la soberanía nacional, sin descartar el diálogo y la coordinación internacional. La transformación también implica un cambio en el modelo económico. Bajo el principio "Por el bien de todos, primero los pobres", se crearon programas sociales universales en apoyo de los sectores más vulnerables (que ahora son derechos constitucionales); se han duplicado los salarios de los trabajadores y de sus familias; se ha promovido el consumo y se ha fortalecido el mercado interno; se ha procurado la soberanía alimentaria y energética y el impulso a la industria nacional y al desarrollo sustentable. La inversión pública estimula la economía en las regiones y genera empleos, mientras que la confianza en el país y su modelo estimula la inversión extranjera por encima de la tendencia histórica. Hay prosperidad compartida. En el mundo global promovemos una relación abierta con todas las naciones, partiendo de nuestra vinculación con la región de América del Norte, Estados Unidos de América y Canadá, siempre defendiendo nuestra soberanía y poniendo por delante el interés y la dignidad del pueblo mexicano. México vive un momento clave en su historia, pues hoy estamos poniendo el Segundo Piso de esta Cuarta Transformación, consolidando un modelo de desarrollo basado en el Humanismo Mexicano. Éste reconoce que el crecimiento económico debe ir de la mano con el bienestar de las personas y la protección de nuestros recursos naturales. Más que crecimiento económico, el modelo procura desarrollo económico. Con este PND, el Estado garantizará derechos, fortalecerá la democracia y hará de la justicia social el principio rector de la vida pública. Hoy la prosperidad no puede medirse solo en términos numéricos, sino en la calidad de vida de cada persona, la dignidad del trabajo, la equidad de género, el acceso a una vivienda adecuada y servicios públicos de calidad, el disfrute de un medio ambiente sano, y el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Son fines del gobierno democrático también garantizar el derecho a la libre expresión de las ideas, a la creación artística, al desarrollo de la identidad individual y colectiva, el cultivo de la memoria histórica y la protección del patrimonio cultural y natural. El Proyecto de Nación que inspira este PND tiene sus raíces en la historia de México y los afanes del pueblo mexicano por construir un país para todos, la defensa de la dignidad nacional y la integridad territorial y el derecho a ser un pueblo libre y soberano. Somos un pueblo con grandeza cultural milenaria, arraigada en prácticas comunitarias, en el espíritu de resistencia cultural, social y política, así como en la defensa de sus derechos y de la patria. Nos inspiran los mexicanos que nos han dado patria y que con su ejemplo marcaron el camino para la construcción de una nación soberana, libre e independiente, forjada por las luchas revolucionarias y los movimientos populares, por las jornadas en defensa de la democracia en la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. El primer gobierno de la Cuarta Transformación inició un cambio profundo en la vida del país. Se logró una recuperación histórica del salario mínimo en términos reales, la ampliación de los derechos sociales con pensiones universales y becas para jóvenes, la revalorización del sector energético nacional, una mayor inversión en infraestructura para el desarrollo regional y la lucha frontal contra la corrupción. Ahora, nuestra misión es consolidar estos avances, garantizar su permanencia y profundizar aquellos cambios que siguen siendo urgentes. Esto significa fortalecer el Estado de bienestar, la seguridad con justicia, el desarrollo económico con igualdad, la innovación pública al servicio del pueblo y la sostenibilidad como base del futuro. La transformación democrática y pacífica de México La transformación pacífica iniciada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido logros importantes, reconocidos internacionalmente. Según el Banco Mundial, más de 9.5 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza, entre 2018 y 2024. La administración del entonces presidente López Obrador trabajó para mejorar las condiciones de los que menos tienen: gobernó para todos, sobre todo los más pobres. La economía se vio beneficiada por un nuevo modelo que promueve el desarrollo nacional, apoya a los más vulnerables con programas sociales universales, transferencias que mueven las economías locales y regionales; genera consumo en la base de la sociedad; mejora los ingresos de los trabajadores y promueve la creación de empleos con una inversión pública que a su vez impulsa inversión privada e inversión extranjera. Actualmente, México es la décimo segunda economía del mundo y el sexto destino turístico a nivel mundial. Estamos mejor comunicados con más de 500 obras carreteras, ferroviarias y aeroportuarias. Se construyeron 8 mil kilómetros de vías para unir a México, la mitad de manera artesanal. En tiempo récord, los ingenieros militares construyeron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Se tendieron 1,554 km de vías para el Tren Maya, conectadas con mil 100 km del Tren Interoceánico que comunica el Golfo de México con el Océano Pacífico y la línea K que llega hasta Guatemala. La administración del gobierno de López Obrador también cerró con reservas internacionales históricas de 227 mil millones de dólares, 31% más que a su inicio. La inversión extranjera directa en 2024 alcanzó 35 mil 700 millones de dólares y en seis años más de 200 mil millones de dólares; la mayor de la historia. Por su parte, las exportaciones alcanzaron cifras históricas al superar 565 mil millones de dólares en 2024, en un entorno en el que México se consolidó como el principal socio comercial de los Estados Unidos de América. Finalmente, la deuda del Gobierno de México como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se consolidó como una de las más bajas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al tiempo que su sistema financiero se mantuvo sólido y la moneda nacional mostró fortaleza, a diferencia de lo acontecido durante el periodo neoliberal. Se impulsó la soberanía energética y se fortalecieron Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La petrolera, tomada en condiciones financieras precarias, ha reducido su deuda y produce 80% de los combustibles que consumimos, mientras que la CFE genera 56% de la electricidad del país. Ya no hay gasolinazos ni aumentos abruptos de las tarifas de electricidad. Se revirtió parte del daño causado en la época neoliberal a los ingresos de los trabajadores. Las familias trabajadoras mejoraron su nivel de vida y poder adquisitivo. El salario mínimo creció 114% en términos reales (278.8 pesos diarios, 8,480 mensuales), el aumento más alto en México en 40 años. Todo esto mejoró el clima económico sin generar inflación en un círculo virtuoso. En seis años se crearon 2 millones 200 mil empleos, llegando a 22 millones 600 mil empleos registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2024. El desempleo disminuyó a 2.5%, de los más bajos del mundo. Nos proponemos perseverar en los apoyos en beneficio de sectores en situación de vulnerabilidad, los cuales están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Ya en 2024, 30 millones de familias recibieron algún programa, pensión o beca por parte del Gobierno. Actualmente, 12 millones de adultos mayores reciben pensión, 13 millones de estudiantes han obtenido becas y 3 millones de jóvenes han sido capacitados como aprendices, de los cuales el 60% ha conseguido empleo. Asimismo, 1 millón 400 mil niñas, niños y jóvenes con discapacidad reciben apoyo directo, el cual es de carácter universal en 23 estados de la república. También vamos a perseverar en el apoyo al campo. Hoy más de 2 millones de productores cuentan con programas productivos y compra de cosechas a precios justos, y 2 millones más reciben fertilizante gratuito. Con el programa Sembrando Vida se han plantado mil 400 millones de árboles en más de 1 millón de hectáreas de 24 estados. Con 44 nuevas áreas naturales protegidas, las reservas naturales alcanzan a la mitad del territorio nacional. En materia de salud continuaremos con el trabajo en el primer piso de la Cuarta Transformación. Hasta ahora, el personal médico aumentó en 23% y el de enfermería en 10%: más de 130 mil servidoras y servidores públicos. Los servicios del IMSS benefician a 77 millones de personas de todas las edades. Además, con los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), 53 millones de personas, 80% de la población sin seguridad social, tienen garantizado el acceso a una atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a reafirmar los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana, basada en educación pública, con planes y programas de estudio de enfoque humanista. Se han impreso 160 millones de libros de texto gratuitos y se crearon nuevas materias. Adicionalmente, se rehabilitaron 174 mil planteles con la Escuela es Nuestra. Se dialogó con los maestros y se basificó a 960 mil profesores, con un aumento de 48% de sus salarios, quienes hoy tienen un ingreso mínimo de 17 mil pesos mensuales. Nunca ha habido en la realidad ninguna contradicción entre el bienestar de la mayoría cuando también les va bien a los empresarios y bancos. Igualmente, con el récord de inversión extranjera directa y el aumento de salarios. Esto es porque los paradigmas de la época neoliberal eran falsos y además porque nosotros emprendemos estos cambios como una obra colectiva. Así, la Cuarta Transformación ha cambiado el modelo de desarrollo, inspirada en la fecunda historia de México, el amor al pueblo y la honestidad, que nutren al Humanismo Mexicano, regenerando la vida pública. La defensa de la nación también está en el campo cultural, en la ética, la confrontación de valores y prácticas, y la aplicación de principios inspirados en lo mejor de nuestra historia y cultura. En efecto, desde 2018 hay en marcha un cambio de formas de pensar que permite el cambio pacífico a base de la revolución de las conciencias, así como de la gran tradición de prácticas comunitarias, reciprocidad, solidaridad y espíritu de servicio que identifican a nuestro pueblo. Entre todos seguimos construyendo un país donde la mayor fortuna sea el bienestar de toda la población, y la mayor satisfacción sea estar bien con uno mismo, con nuestras conciencias y con los demás. "Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad", escribió el gran poeta cubano José Martí. Así, trabajamos en la recuperación de la ética política y el valor de lo público para promover la participación del pueblo y el sentido de comunidad, una cultura democrática basada en el respeto a los demás, a la disidencia y la diversidad, y una cultura política activa y participativa que debilite manipulaciones informativas y promueva el debate informado sobre los temas de interés público. Lo anterior, reforzado por el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y el disfrute del espacio público que fortalece la formación de ciudadanía e identidad común. La cultura es la principal herramienta de la transformación, el arte y la creatividad desde la infancia. Un pueblo educado y cultivado es un pueblo libre. Esta es una transformación democrática que incluye a todos los mexicanos, así como cultural, que integra la diversidad de identidades y culturas de México. El segundo piso de la Cuarta Transformación significa continuar con los principios del Humanismo Mexicano y consolidar los cambios. Una transformación elegida libremente por la mayoría del pueblo. Parafraseando al gran general José María Morelos, con el cambio electoral y pacífico se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con el voto en mano para ser oída. Separación del poder político del poder económico El neoliberalismo es un modelo económico que provoca mayor desigualdad; islas de prosperidad rodeadas de mares de pobreza. Al concentrar el poder y la riqueza en unas cuantas manos, se forma una sociedad excluyente, clasista, con un sistema político elitista, oligárquico. Domina la idea de la vida del "sálvese quien pueda", de una sociedad dividida entre ganadores y perdedores; individualista; donde el dinero y las cosas están por encima de la gente y de la naturaleza. En la etapa neoliberal, el gobierno fue capturado por intereses económicos y empresariales que eran los principales beneficiarios del presupuesto público, creando fortunas a costa de la pobreza de la mayoría. Esto, porque el gobierno en turno les entregaba contratos y facilitaba sus negocios. No se puede gobernar un país como una empresa y México es un gran país. El primer acto republicano que hizo el entonces presidente López Obrador fue declarar la separación del poder político del poder económico, abandonar la subordinación del gobierno frente a los grandes intereses económicos nacionales y extranjeros, sirviendo auténticamente a los mexicanos. El camino iniciado por el gobierno de López Obrador frenó la decadencia. Cayeron muchos mitos y engaños del pasado. A lo largo del periodo neoliberal que tanto le costó al pueblo de México, se decía que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado; que si la economía se regaba desde arriba, la riqueza iba a llegar a los de abajo; que si aumentaba el salario se provocaría inflación; que lo privado era mejor que lo público; que si el Estado participaba en la economía iba a haber crisis económica y devaluación; que la corrupción era inherente al gobierno; que la libertad sólo existía en el mercado, que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo no eran derechos, sino sujetos a quien pudiera comprarlos. Todo esto cambió. Prosperidad compartida La prosperidad de una sociedad depende de todos. Y para que haya prosperidad debe ser compartida, por eso, por el bien de todos: primero los pobres. El desarrollo económico debe elevar el nivel de bienestar de los mexicanos que a su vez pone en marcha la economía interna y regional, así como la inversión pública y privada. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre Es un principio ineludible enunciado por el entonces presidente Benito Juárez y que guía a los gobiernos de la Transformación: el gobernante debe aprender a vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias ni privilegios. Con la austeridad republicana se acabaron las prebendas y la corrupción de la alta burocracia. El gobierno no debe ser una carga para el pueblo y los funcionarios no deben tener ventajas a costa del presupuesto. Las y los gobernantes deben ser honrados y honestos Recuperar el sentido ético y de servicio de los funcionarios públicos es un objetivo de la más alta prioridad. Las instituciones democráticas y los servidores comprometidos con el servicio público como norma deben ser atentos y eficientes con los ciudadanos. Como decía la Corregidora, Josefa Ortiz: "No se debe premiar a quien sirve a la Patria, sino castigar a quien se sirve de ella". Los programas, recursos y la infraestructura públicos no deben ser usados para el beneficio ni la promoción de funcionario alguno. Es un delito y ensucia el servicio público. La corrupción se debe combatir por ética y por principios, pero, además, como lo hemos visto, para obtener los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación. En pocas palabras, la honestidad da resultados. Además, la autoridad moral es lo más importante, y esa no se compra en la esquina. Se construye con mística, la de luchar con honradez todos los días por un México con justicia, democracia y libertad. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo Defendemos el principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; o, regresando a Juárez: con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. La libertad es esencia de la democracia En nuestro gobierno, garantizaremos todas las libertades: de expresión, de prensa, de reunión, de movilización, de creación. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Desarrollo y bienestar con cuidado al medio ambiente El desarrollo y el bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Por lo anterior, será prioritario promover una transición hacia las energías limpias, al tiempo que se protegen los ecosistemas naturales, se garantiza el derecho al agua y se hace frente a los efectos del cambio climático. Igualdad sustantiva Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. Históricamente a las mujeres se les han negado sus derechos plenos, por eso impulsamos la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. México soberano, independiente y democrático México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones. Y nos coordinamos, mas no nos subordinamos. Nuestra política exterior seguirá los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Los paisanos migrantes son nuestros héroes y heroínas. Contribuyen a la economía de los dos países. En el caso de las nuevas políticas migratorias en los Estados Unidos de América, defenderemos sus derechos humanos y les prestaremos ayuda jurídica y de cualquier tipo mediante los consulados. También seguiremos fortaleciendo nuestra relación económica y cultural con los países de América Latina y el Caribe; nos une la historia y nos une el compromiso, así como con los diferentes países y regiones del mundo. La política se hace con amor y no con odio La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. El gobierno como las instituciones deben procurar la felicidad del pueblo. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación Lo justo es reconocer que las desigualdades llevarán siempre a la injusticia. Todos somos iguales ante la ley, pero además todos nos debemos respeto a nuestras personas y a nuestro ser. La fraternidad significa vernos a los ojos como iguales y la justicia corresponde a una igualdad de oportunidades de progreso. El PND tiene visión de futuro El PND orienta los objetivos de la nación y define las acciones en el corto, mediano y largo plazo; instrumentos al Estado y a la sociedad para cumplir los compromisos. La planeación democrática establecida en la CPEUM ayuda a enriquecer el PND, la formulación de los temas y programas, la instrumentación, el control y la evaluación del plan y los programas. Por eso es importante destacar el diálogo y la consulta que se llevaron a cabo para analizar los problemas y proponer soluciones con la participación de más de 50 mil personas en 57 foros de consulta en los 32 estados. Sobresalió el foro indígena por su asistencia y entusiasmo, con la participación de cerca de 4 mil personas de los 68 pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es la primera vez que se consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Este PND se articula sobre cuatro ejes generales y tres ejes transversales que estructuran la política pública en su conjunto. · Gobernanza con justicia y participación ciudadana. · Desarrollo con bienestar y humanismo. · Economía moral y trabajo. · Desarrollo sustentable. · Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. · Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional. · Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La gobernanza con justicia y participación ciudadana es el punto de partida para un Estado más democrático y eficiente. La seguridad debe garantizarse con una visión integral que atienda las causas de la violencia y fortalezca las capacidades de las instituciones de justicia. Haremos la digitalización más ambiciosa de la historia y simplificaremos trámites y pagos de impuestos, que serán clave para combatir la corrupción, optimizar el uso de los recursos públicos y brindar servicios de calidad con un gobierno cercano y transparente. La democracia participativa no es solo un principio, sino una práctica que debe ampliarse en todos los niveles de gobierno. El desarrollo con bienestar y humanismo es el corazón de la transformación. La meta no es solo reducir la pobreza, sino erradicar las condiciones que la perpetúan. Se fortalecerán los derechos a la educación, la salud, la vivienda y la cultura, con una visión donde la equidad y la justicia social sean la base de la acción pública. Se mantendrán todos los Programas para el Bienestar y garantizaremos que el incremento anual de los apoyos económicos nunca esté por debajo de la inflación. Además, el H. Congreso de la Unión aprobó que estos derechos sean constitucionales y nadie los pueda revertir. Seguirán la pensión universal para las y los adultos mayores, la pensión universal para personas con discapacidad, las becas "Benito Juárez" para estudiantes de preparatorias públicas y las becas a estudiantes de escasos recursos, así como los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción y Pesca para el Bienestar, fertilizantes gratuitos, Precios de Garantía, La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra. Asimismo, haremos realidad tres Programas para el Bienestar nuevos: todas las mujeres de 60 a 64 años tendrán un apoyo bimestral como reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas. Todas las niñas y niños que asisten a escuelas públicas desde preescolar, primaria y secundaria recibirán una beca, comenzando con la secundaria el próximo año. Las y los niños deben ser felices; de ellas y ellos no solo es el futuro, sino el presente de México. Llevaremos a las y los adultos mayores la prevención y atención a la salud a su casa. Para ello, vamos a contratar 20 mil médicas, médicos, enfermeras y enfermeros. Consolidaremos el IMSS-Bienestar como el mejor sistema de salud pública gratuita y de calidad. Aumentaremos el número de preparatorias y universidades públicas para que al menos llegue la educación superior a 300 mil espacios más. La Escuela es Nuestra se amplía a planteles de educación media superior. Las primarias extenderán sus horarios para incluir deportes y artes. Las escuelas serán espacios de prevención de la salud. La salud y la educación son derechos del pueblo de México, no son privilegios ni mercancías. Convertiremos a México en una potencia científica, tecnológica y de innovación. Para ello, apoyaremos las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades, y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional. Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, tesón y capacidad de sobra. Estoy convencida que nos posicionaremos a la vanguardia en el desarrollo tecnológico. Tenemos grandes pensadores e innovadoras, innovadores, desde tiempos prehispánicos; tenemos universidades y tecnológicos de primera, y las y los mexicanos somos trabajadores y creativos. Buscaremos la creación del sistema de educación cultural y artística formal y comunitaria, la remuneración justa para artistas mexicanos y su seguridad social y promoveremos círculos de lectura en todos los ámbitos. La construcción de un Sistema Nacional de Cuidados será una de las grandes transformaciones del sexenio, reconociendo y redistribuyendo el trabajo de cuidados entre el Estado, la sociedad y las familias. Se garantizará que ninguna niña, joven o mujer vea limitada su autonomía por la falta de apoyos y políticas públicas que reconozcan sus derechos. El desarrollo económico con trabajo digno y economía moral reafirma que México puede crecer con igualdad y soberanía. El modelo neoliberal quedó atrás y en su lugar se impulsa un desarrollo con justicia, donde el bienestar de las y los trabajadores esté en el centro de la economía. Se consolidará la política de recuperación del poder adquisitivo, asegurando que los salarios mínimos no solo superen la línea de pobreza, sino que garanticen una vida digna. Trabajaremos de la mano del sector empresarial y de las y los trabajadores para que siga aumentando el salario mínimo: nuestro objetivo es alcanzar 2.5 canastas básicas. Se fortalecerán la seguridad social y los derechos laborales, cerrando brechas de desigualdad y promoviendo la formalización del empleo. Construiremos al menos un millón de viviendas, especialmente para jóvenes en esquemas en donde primero puedan rentar y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración. La inversión pública seguirá siendo un motor del desarrollo nacional, impulsando proyectos estratégicos que fomenten el crecimiento regional y la industrialización con alto contenido nacional. La relocalización de inversiones representa una oportunidad única para fortalecer nuestra soberanía productiva y tecnológica, asegurando que el país avance hacia una industria con mayor valor agregado. Se respetará la autonomía del Banco de México (Banxico) y se mantendrá el equilibrio de la deuda respecto del PIB. En este marco, destaca la conformación del Plan México, una iniciativa que contempla la colaboración entre el Gobierno de México y el sector privado, cuyo objetivo es fomentar un desarrollo económico equitativo y sustentable a largo plazo basado en el aprovechamiento de nuestro mercado interno para nuestra propia industria, reduciendo con ello las importaciones innecesarias. Este Plan busca impulsar la inversión privada, generar empleos formales y de calidad, aumentar el contenido nacional en los procesos productivos, simplificar los trámites administrativos y combatir la pobreza y la desigualdad. Con estas estrategias, México busca consolidarse como una de las diez economías más grandes del mundo. Asimismo, México cuenta con múltiples tratados comerciales y una ubicación estratégica que le permite comerciar con diversos países alrededor del mundo. Aprovechando estas ventajas, el Plan México busca incentivar la relocalización de empresas hacia nuestro país, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo regional. El desarrollo sustentable es un principio fundamental para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. La soberanía energética es un objetivo estratégico del país y la transición energética una prioridad. El Plan Nacional de Energía incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. De manera específica, se contemplan 51 proyectos que apuntan a generar 22 mil 674 megawatts adicionales. Con el fortalecimiento de la CFE y PEMEX en un modelo de soberanía energética con sustentabilidad, México tiene el potencial para ser líder en energías renovables y deberá consolidar una infraestructura eléctrica moderna y eficiente, impulsando la electrificación del transporte y el desarrollo de nuevas tecnologías. Se mantendrá la proporción actual entre la generación de electricidad pública con 54% y la privada con 46%. Se hará con reglas claras, en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. A todas y todos nos convienen empresas de energía pública del Estado fuertes, que garanticen energía limpia, a precios bajos para las actuales y las futuras generaciones. El objetivo fundamental de la producción de petróleo con PEMEX, la cual se establecerá en 1.8 millones de barriles diarios, seguirá siendo el consumo nacional. La preservación del medio ambiente, la protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático requieren un compromiso de todos los sectores, incluyendo el uso racional del agua y la protección de los ecosistemas estratégicos. Se reforestarán bosques y selvas. En materia de infraestructura, se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso, en Yucatán, y en sus más de mil 500 kilómetros será también tren de carga. Se terminará la Línea K del Tren Interoceánico, que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, frontera con Guatemala. Construiremos más de 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros, de Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo, de Ciudad de México a Nogales, así como Ciudad de México a Veracruz. Los trenes de pasajeros significan desarrollo regional, empleos, turismo y prosperidad compartida. Seguiremos con caminos artesanales para conectar comunidades y con la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras que generen desarrollo con bienestar y al mismo tiempo fortalezcan la infraestructura y conectividad en nuestro país y potencien la inversión. En el campo avanzaremos en la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, y mejoraremos las condiciones de producción y de vida de los campesinos y productores. No permitiremos la siembra de maíz genéticamente modificado; seremos autosuficientes, no solo en maíz blanco, sino en frijol y en otros cultivos. Distribuidora e Impulsora Conasupo S.A. de C.V. se transforma en Alimentación para el Bienestar, con el objetivo de promover precios y comercio justo para diversos productos agropecuarios y seguir atendiendo a 22 millones de familias. Construiremos en Tula, Hidalgo, el proyecto de economía circular más ambicioso del mundo, esto quiere decir que haremos un complejo ambiental para aprovechar los residuos, tratamiento de agua, generación de energía y productos reciclados, lo cual nos permitirá reducir la contaminación y generar empleos. La Ciudad de México es la más contaminada y se convertirá en la ciudad más limpia. Se ordenarán las concesiones y la transmisión de derechos de agua. El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad busca garantizar el agua como recurso de la nación y el acceso al agua potable como un derecho humano. Tecnificaremos más de 200 mil hectáreas de riego y desarrollaremos proyectos estratégicos para el abastecimiento y reciclamiento de agua. Vamos a limpiar y a sanear los tres ríos más contaminados del país. En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narcotráfico. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Y nuestra estrategia consiste en cuatro ejes: · Atención a las causas, siempre dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos. · Inteligencia e investigación. · Fortalecimiento de la Guardia Nacional y cero impunidad. · Coordinación con estados, municipios, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, respetando su autonomía. Además, a través del voto popular se construirá una mayor autonomía del Poder Judicial de la Federación eligiendo a jueces, magistrados y ministros. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Se trata de un proceso en donde decidirá la gente, el pueblo. Buscamos fortalecer la representación política a través de la no reelección de ningún cargo de elección popular a partir de 2030, pero con la constancia de proponer y mantener desde ya un gobierno honesto, sin nepotismo, buscando también prohibir que ningún familiar pueda ser candidato en las elecciones inmediatas a presidente municipal, gobernador o presidente, impidiendo la "herencia" de encargos. Mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas e innovación tecnológica; ejes transversales. A estos ejes generales se suman tres pilares transversales que refuerzan el sentido de justicia del Proyecto de Nación. La igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres son una prioridad ineludible. No puede haber transformación sin justicia de género. La eliminación de la violencia contra las mujeres, el cierre de brechas salariales, el acceso a oportunidades laborales y la representación política igualitaria serán ejes fundamentales de las políticas públicas en los próximos años; junto con la creación del Sistema Nacional de Cuidados, las reformas para la igualdad y la garantía de una vida libre de violencias, así como el acceso a la salud de las mujeres. En este horizonte, serán 150 mil mujeres a las que se les reconocerán sus derechos agrarios. Estas labores se acompañarán de la elaboración y difusión de una cartilla de derechos para las mujeres, respaldadas por redes comunitarias de apoyo, "Cuidadoras de la patria". La participación de las mujeres no es solo un derecho, es una necesidad para el desarrollo del país. La innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional permitirá que México avance hacia la autosuficiencia digital y tecnológica. Se fortalecerán las capacidades del Estado en ciberseguridad, digitalización y análisis de datos para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. La ciencia, la tecnología y la educación superior serán palancas para el desarrollo industrial y la reconfiguración de nuestras cadenas productivas. La modernización del gobierno permitirá que la ciudadanía acceda a servicios públicos de forma rápida, eficiente y segura. El respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es un compromiso histórico y una deuda que debe saldarse con justicia. La reforma constitucional en la materia marca un hito en el reconocimiento de sus derechos como sujetos de derecho público, con plena autonomía para ejercer su libre determinación. Además, la implementación de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional será clave para garantizar el acceso a recursos y la consolidación de políticas públicas diseñadas desde y para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El fortalecimiento de su patrimonio cultural, lingüístico y territorial será una prioridad en esta administración. En más de 200 años como república independiente y desde 500 años atrás, México no había sido gobernado por una mujer. Por primera vez, llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. No llegué sola, llegamos todas. México es un país maravilloso, con un pueblo extraordinario. Somos una gran nación. Aquí las culturas originarias dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate y grandes civilizaciones. México es un mosaico cultural y con gran biodiversidad. Somos un país fuerte y más, gracias a nuestras paisanas y paisanos, héroes y heroínas, que viven en Estados Unidos de América y que, con amor a su familia y a su patria, envían apoyos todos los meses. México es de mujeres y hombres libres que han luchado por las libertades, los derechos, la justicia, por la democracia, de los estudiantes del movimiento de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes somos orgullosos herederos. México es un pueblo generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabio y hoy, empoderado. Este PND es un compromiso con el pueblo de México. No hay marcha atrás en la transformación del país. La consolidación del Segundo Piso de la Cuarta Transformación exige un gobierno honesto, cercano y eficiente, que garantice la seguridad, los derechos y la justicia. Se trata de hacer de México una nación más igualitaria, productiva y sustentable, donde el bienestar y la prosperidad lleguen a todas y todos. La transformación sigue y el futuro es de quienes luchan y trabajan por un país con justicia, democracia y dignidad. Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos CIEN COMPROMISOS PARA EL SEGUNDO PISO DE LA TRANSFORMACIÓN El Proyecto de Nación encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo se fundamenta en los Cien Compromisos de gobierno para el periodo 2025-2030, mismos que se agrupan en Catorce Repúblicas y fundamentan la elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo.
Diagnóstico de la Nación: ¿Dónde estamos? EJE GENERAL 1 GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA El Proyecto de Nación del Gobierno de la Transformación tiene como eje principal el Humanismo Mexicano que, en esencia, significa "Por el bien de todos, primero los pobres". El objetivo es lograr la fraternidad universal, la igualdad de oportunidades para todas las personas y una prosperidad compartida. El Humanismo Mexicano se nutre de la esencia de los pueblos originarios y de la fecunda historia de México. Culturas milenarias que han resistido valores y prácticas comunitarias y el largo caminar del pueblo de México por ser un país libre, independiente y soberano. En la transformación actual se busca fortalecer derechos individuales y colectivos: la democracia, los derechos humanos, los derechos sociales, el acceso a la justicia y mejorar la seguridad pública construyendo la paz. La honradez y la honestidad son imperativos éticos de los servidores públicos de este gobierno y se toman acciones firmes para erradicar la corrupción y el nepotismo. En la República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable que construimos, el Gobierno de México actuará con la obligada separación entre el poder económico y el poder político, tal como hizo Benito Juárez cuando separó los intereses de la Iglesia y los del Estado hace más de 150 años. Nunca nos someteremos a intereses económicos, políticos o extranjeros; se trabaja siempre por el interés supremo del pueblo y de la nación. Somos un gobierno sensible, cercano a la gente; gobernamos desde el territorio, no desde el escritorio. Respetamos todas las libertades de expresión, de reunión, de protesta. Nuestra guía es el respeto a la CPEUM que garantiza el derecho de todas las personas a vivir en una sociedad justa, igualitaria y segura, sin distinción de género, orientación sexual, raza, creencias o condición social. Respetaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Rechazamos cualquier tipo de discriminación como el clasismo, el racismo y el machismo. Es una obligación velar por el respeto a los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir movimientos sociales o políticos. Ratificamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. También, continuaremos acompañando a las familias de aquellas personas víctimas de desaparición forzada en su búsqueda por la verdad, localización, justicia y reparación. Nuestra política exterior está apegada a los principios de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Nos corresponde siempre defender la grandeza de México y promover relaciones de respeto, nunca de subordinación. Somos un país libre, democrático, soberano, independiente; somos un gran país con un pueblo maravilloso, honesto y trabajador. La Cuarta Transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador le devolvió el orgullo y la dignidad a nuestro pueblo y nunca nadie se las podrá arrebatar. Nuestros paisanos son héroes y heroínas de la patria; contribuyen a la economía de nuestro país y de manera muy importante a la de Estados Unidos de América. Siempre estaremos agradecidos y admirados por su trabajo, por el apoyo que les dan a sus familias; por ello, siempre les defenderemos a través de los consulados en los Estados Unidos de América y las embajadas en otros países. México tiene una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos de los extranjeros migrantes que viajan o se integran en nuestro país. Un país más justo y equitativo requiere contar con un sistema de justicia eficaz, accesible y cercano a la ciudadanía, asegurando que todas las personas ejerzan sus derechos con certeza y seguridad. La corrupción en el Poder Judicial de la Federación vulnera el derecho a la justicia, pues hay jueces y ministros que sirven a grupos de poder y a delincuentes, lo que hizo indispensable una reforma judicial, para separar el poder económico de la justicia y dar mayor independencia y autonomía al Poder Judicial de la Federación. México será el primer país en elegir, mediante voto popular, a las personas juzgadoras (jueces, magistrados y ministros). Un Poder Judicial de la Federación electo por el pueblo tendrá mayor autonomía, compromiso y cercanía con los ciudadanos. Es fundamental ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Se fortalecerán instrumentos de la democracia participativa como la consulta popular, la revocación de mandato y el plebiscito. Hay que garantizar la participación y la representación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones a nivel federal, estatal y municipal. El Estado está obligado a llevar a cabo un proceso de consulta libre, previa e informada a las comunidades sobre las decisiones, leyes o proyectos que les afecten. Es necesario impulsar la vida comunitaria, las asambleas y sentar las bases para la reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de sus culturas, de sus lenguas y sus instituciones y sus asambleas. Durante esta administración, por primera vez se entregará de manera directa una partida federal a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que lo ejercerán a través de sus asambleas comunitarias. En materia electoral, se propone acabar con la relección a cualquier cargo de elección popular y establecer la prohibición expresa para que ningún funcionario pueda dejar en su lugar a un familiar, no de manera consecutiva. También se busca disminuir el costo de las elecciones y de los recursos destinados a los partidos políticos. En tanto, en 2027 habrá revocación de mandato, como lo establece la CPEUM. Este gobierno será honesto, honrado, sin influyentismos, ni nepotismos, corrupción o impunidad. Es clave el combate a la corrupción y al nepotismo, para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los derechos y la justicia lleguen a todas las personas sin distinción. La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) actuará contra cualquier acto de corrupción en la Administración Pública Federal (APF). No regresará el régimen de corrupción; la guía de este gobierno será siempre la honradez y la honestidad. Se consolidará el nuevo modelo de gobernanza, basado en la austeridad republicana, la transparencia y la rendición de cuentas. Mantendremos la disciplina financiera y fiscal; continuará un gobierno sin lujos y sin privilegios. La construcción de la paz en todo el territorio nacional es un objetivo estratégico del Gobierno de la República. Esto se logrará con una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención, la inteligencia y la coordinación interinstitucional. No basta con perseguir el delito; es necesario atender sus causas estructurales, recuperando el espacio público y ampliando las oportunidades de desarrollo, educación y empleo digno para fortalecer la cohesión social. Finalmente, el fortalecimiento de un sistema de inteligencia e investigación permitirá prevenir e identificar amenazas y generadores de violencia, para sancionar oportunamente, asegurando que las fuerzas de seguridad actúen con eficacia y pleno respeto a los derechos humanos. Se fortalecerá la Guardia Nacional. La construcción de una sociedad segura y en paz es una tarea colectiva que requiere la participación ciudadana y un Estado comprometido con el bienestar de todas y todos. Diagnóstico República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable Durante varias décadas del periodo neoliberal, el Estado mexicano descuidó la atención de legítimas demandas sociales y abandonó su papel como promotor del desarrollo económico y garante del interés público. Esta omisión provocó un deterioro en las oportunidades y la calidad de vida de la población, sobre todo de aquella en situación de vulnerabilidad; además, fomentó la corrupción sistémica y debilitó la confianza en las instituciones. Como consecuencia, el país experimentó un aumento de la desigualdad, la fragmentación del tejido social y una escalada de la violencia e inseguridad. Ante esta crisis, a partir de 2019 se impulsó la construcción de un nuevo Estado de bienestar con un enfoque humanista que puso al centro a los sectores históricamente más desatendidos. Bajo esta visión, el gobierno austero y honesto ha fortalecido el papel del Estado en la promoción de la justicia social, la redistribución de la riqueza y el acceso equitativo a derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo digno. Esta transformación responde a una demanda legítima de la sociedad por contar con un gobierno que fomente la participación ciudadana y garantice que las decisiones públicas reflejen el interés general, no el de pequeños grupos de poder. Durante décadas, la democracia se restringió a los procesos electorales, mientras que el diseño de las políticas públicas se realizaba sin la opinión del pueblo. Para revertir esta exclusión, desde el sexenio pasado se han consolidado nuevos mecanismos de democracia participativa, promoviendo el diálogo ciudadano como herramienta fundamental para la transformación de la vida pública. La aprobación de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato marcó un punto de inflexión en la vida democrática del país. En 2021, se llevó a cabo la primera consulta popular sobre el juicio a los expresidentes, con la participación de más de seis millones de personas. Un año después, más de 16 millones de ciudadanos participaron en la revocación de mandato, ratificando el respaldo al entonces Presidente de la República. Estas acciones fortalecieron la legitimidad del gobierno y contribuyeron a que la confianza de la población en el Gobierno Federal aumentara de 25.5% en 2017 a 59.1% en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). No obstante, persisten retos estructurales, como los altos costos de operación del sistema electoral, una burocracia sobredimensionada y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar una mayor equidad en la representación política. Por ello, es fundamental avanzar hacia una reforma electoral integral que optimice los recursos públicos, fortalezca la transparencia, combata el nepotismo y fomente una mayor participación de las mujeres y los pueblos originarios en el sistema político. El fortalecimiento de la democracia participativa también implica generar espacios de diálogo sobre los temas más apremiantes para el desarrollo de la sociedad, consolidando mecanismos de gobernanza que atiendan de manera efectiva las demandas ciudadanas. A pesar de los avances, es necesario promover una mayor inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en la cultura democrática del país y garantizar que la población tenga acceso a información veraz, precisa y relevante sobre los asuntos de interés público, evitando la desinformación y asegurando mecanismos de comunicación accesibles. Para garantizar una sociedad con pleno respeto a los derechos humanos y las libertades, es imprescindible contar con un sistema de justicia eficiente, imparcial y accesible para todas las personas. Durante varias décadas, el deterioro en la impartición de justicia fomentó la impunidad, debilitó la confianza en el sistema de justicia y restringió el acceso a los derechos, especialmente en los sectores históricamente discriminados. Esta situación acentuó la exclusión y la desigualdad. En respuesta, en los últimos años se han impulsado reformas para agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer los mecanismos de evaluación del desempeño de las instancias judiciales. Además, el sistema de justicia ha sido colocado en el centro del debate nacional, evidenciando prácticas de corrupción y decisiones que favorecían a grupos de poder ajenos al interés general, incluso obstaculizando las facultades legales de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales. Ante esta realidad, el Gobierno de México ha propuesto una reforma al Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de consolidar un sistema de justicia transparente, cercano a la gente y basado en la independencia, objetividad y profesionalismo. Este cambio permitirá fortalecer la confianza ciudadana en la impartición de justicia, y garantizar que los derechos sean protegidos sin distinción ni privilegios. La necesidad de mejorar la impartición de justicia también impacta el derecho a la vivienda y la seguridad en la tenencia de la tierra, consagrados en los artículos 4o. y 27 de la CPEUM. Según el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, en 2024 el 24.3% de las viviendas en el país se encontraba en situación de inseguridad jurídica, lo que genera incertidumbre económica y dificulta el acceso al financiamiento. Con la implementación de reformas en el Poder Judicial de la Federación, se espera que la regularización de la propiedad fortalezca la cohesión social y brinde mayor certidumbre a los hogares mexicanos. La consolidación de un gobierno transparente, austero y honesto requiere un combate frontal a la corrupción en todos los niveles de gobierno. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Por ello, se han impulsado reformas que han permitido tipificar como delitos graves el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones y el uso indebido de programas sociales con fines electorales. También se ha avanzado en la justicia fiscal, eliminando la condonación de impuestos a grandes empresarios y garantizando que todos contribuyan al desarrollo del país. Como resultado de lo anterior, la tasa de corrupción en trámites gubernamentales disminuyó un 17% entre 2019 y 2023, con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. El Sistema Nacional Anticorrupción ha jugado un papel clave en la regulación de los entes públicos, estableciendo criterios homogéneos para prevenir y combatir la corrupción. Entre las acciones prioritarias se encuentra la implementación de la Plataforma Digital Nacional, que permitirá detectar en tiempo real posibles irregularidades en la gestión gubernamental, con especial atención en agencias estatales y municipales, donde persisten desafíos en la fiscalización. El combate a la corrupción también requiere el fortalecimiento del marco legal y la capacitación de las y los servidores públicos en áreas clave. Por otro lado, es fundamental garantizar un uso eficiente de los recursos, eliminando gastos innecesarios y reduciendo privilegios que beneficien a unos pocos en detrimento del interés social. Desde 2019, el artículo 134 de la CPEUM estableció que el gasto público debe ejercerse con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, priorizando los objetivos del desarrollo nacional y el bienestar de la población. Para ello, los programas presupuestarios deben contar con metas y objetivos medibles, permitiendo evaluar su impacto real y mejorando la rendición de cuentas. Finalmente, la estabilidad de las finanzas públicas depende de una política fiscal responsable. La prioridad es mantener una recaudación progresiva, evitando el incremento de impuestos o la creación de nuevas cargas fiscales para la ciudadanía. Por ello, se dará continuidad a la fiscalización contra la evasión y el contrabando, fortaleciendo la inteligencia fiscal y la coordinación con gobiernos locales para garantizar el pago oportuno de impuestos y reforzar la sostenibilidad financiera del país. República segura y con justicia La seguridad pública es una de las principales responsabilidades del Estado, el cual debe garantizar la protección de la vida, la libertad y el patrimonio de las personas. Para lograr un entorno de paz y fortalecer la convivencia social, es esencial atender las causas estructurales que generan la violencia, implementando una estrategia de seguridad con pleno respeto a los derechos humanos y consolidando instituciones de justicia y seguridad eficaces y cercanas a la ciudadanía. El problema de la inseguridad es complejo y multifactorial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el 60.7% de la población considera la inseguridad como el principal problema del país. Además, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2024, el 61.7% de las personas adultas perciben su ciudad como un lugar inseguro debido a la delincuencia. Los delitos de mayor incidencia incluyen homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo total, trata de personas y narcomenudeo, con una concentración en diez entidades federativas. La desigualdad económica, la exclusión social y la falta de oportunidades han sido factores determinantes en la generación de la violencia. Además, la falta de profesionalización y equipamiento de las fuerzas policiales, así como la debilidad en los mecanismos de inteligencia e investigación, han limitado la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad. Estos problemas han incrementado la percepción de la impunidad y la desconfianza en las instituciones, afectando el desarrollo económico y la atracción de inversiones. Desde 2019, México ha avanzado en la construcción de una nueva política de seguridad, enfocada en fortalecer las instituciones, modernizar los cuerpos policiacos y mejorar la cooperación internacional para garantizar la protección de la población. La estrategia ha seguido dos enfoques complementarios: por un lado, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad mediante la profesionalización de la policía, el uso de tecnología avanzada y la optimización de los métodos de inteligencia; y por otro, la prevención social de la violencia, promoviendo la no criminalización de las personas jóvenes, eliminando el uso excesivo de la fuerza y priorizando políticas sociales que reduzcan la base social del crimen. La Guardia Nacional, creada en 2019, ha sido un pilar fundamental de esta estrategia, consolidándose como una fuerza de seguridad con enfoque humanista y de proximidad social. Actualmente, cuenta con más de 133 mil elementos desplegados en el territorio nacional y un nivel de aprobación ciudadana del 80.6% según la ENVIPE. La reforma al artículo 21 de la CPEUM amplió sus facultades, permitiéndole participar en investigaciones delictivas, en coordinación con el Ministerio Público. Los resultados han sido contundentes. Sin embargo, persisten desafíos para reducir de manera estructural la incidencia delictiva. Se requiere mejorar la eficiencia operativa de las fuerzas de seguridad, fortalecer la inteligencia y la ciberseguridad, garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura informática del Gobierno y consolidar un enfoque de seguridad con justicia y derechos humanos. Una agenda nacional de derechos humanos debe ser el eje central de la política de seguridad. Esto no solo fortalece la legitimidad del Estado, sino que permite avanzar en el reconocimiento de violaciones históricas, fomentando la construcción de una cultura de paz basada en la reparación, la memoria y la justicia. Por ello existe la necesidad de fortalecer las labores de búsqueda y rescate de aquellas personas desaparecidas y no localizadas. Con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, este doloroso fenómeno afecta en la actualidad a 122,876 familias. No obstante, 226,283 personas han sido localizadas desde que se tiene registro, por medio de los mecanismos institucionales vigentes. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas requiere del fortalecimiento en su coordinación, cobertura y calidad de servicios. Para ello, es importante impulsar la profesionalización del personal, la investigación sobre víctimas y la modernización de los procesos de planeación y evaluación de políticas de atención. Además de la seguridad pública, México enfrenta amenazas a su seguridad nacional, derivadas de factores internos y externos. Entre estos destacan el crimen organizado transnacional, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; los ciberataques y amenazas digitales, que requieren fortalecer la inteligencia cibernética del Estado; y los flujos migratorios, que exigen una coordinación efectiva para proteger derechos y garantizar la estabilidad fronteriza. El fortalecimiento de los sistemas de inteligencia permitirá detectar riesgos de manera temprana y mejorar la respuesta de las fuerzas de seguridad. También se impulsará la vigilancia y control en fronteras, combatiendo delitos como tráfico de personas, contrabando y pesca ilegal. México debe ampliar su liderazgo en la gobernanza global, promoviendo la paz, el respeto a los derechos humanos y la cooperación estratégica con apego a la soberanía nacional. La política exterior debe enfocarse en fortalecer la diplomacia efectiva y consolidar la presencia de México en organismos internacionales, asegurando una mayor coordinación entre la APF y la política exterior. En el contexto global actual, marcado por conflictos diplomáticos y violaciones al derecho internacional, México debe defender sus intereses y soberanía, a la par de consolidar su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuestro país es parte del principal corredor migratorio del mundo, enfrentando múltiples retos en la gestión de la movilidad humana. Como país de origen, tránsito, destino y retorno, requiere mecanismos de coordinación internacional para asegurar una migración ordenada y con enfoque de derechos humanos. El Gobierno de México ha priorizado el respeto a los derechos de las personas migrantes, asegurando una atención integral a través del fortalecimiento de la gestión migratoria, promoviendo acuerdos de cooperación internacional; la ampliación de servicios de asistencia y protección consular, garantizando documentación, asesoría legal y apoyo en casos de vulnerabilidad; y el reconocimiento de la contribución de los migrantes a sus comunidades de destino y al desarrollo económico tanto del país que los recibe, como del que recibe sus remesas. La política migratoria debe equilibrar la seguridad con la protección de los derechos humanos, asegurando condiciones dignas para las personas en movilidad. Para ello, se fortalecerá la infraestructura y capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la atención a migrantes, garantizando una gestión humanitaria y eficiente. EJE GENERAL 2 DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO El Estado tiene la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sociales, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Toda la población debe poder satisfacer sus necesidades básicas y tener garantizado el acceso a educación, salud, vivienda adecuada y al sistema financiero. Los Programas del Bienestar se han convertido en derechos constitucionales universales que benefician a millones de mexicanos, demostrando que México cuenta con un modelo de desarrollo propio e incluyente, decidido por su pueblo. El desarrollo con bienestar y humanismo implica fortalecer y ampliar la red de protección social, con especial atención a quienes enfrentan condiciones de desigualdad, pobreza o marginación, o a aquellos que por diversas razones se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Los Programas para el Bienestar se mantendrán. Además, iniciarán nuevos programas sociales: un apoyo bimestral para todas las mujeres de 60 a 64 años; a partir de esta administración todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria públicas recibirán una beca; iniciará un programa para adultos mayores de atención a la salud en su casa. La educación es un derecho, no un privilegio. Hay 11.3 millones de becas para estudiantes de todos los niveles, la mayor inversión en becas para educación en la historia del país. La educación humanista y científica es un pilar fundamental del proyecto nacional y condición para el progreso del país. En el apoyo a todos los niveles educativos, destaca la inversión en la primera infancia, pues los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo integral de las personas. Invertir en la primera infancia asegura una base sólida para la educación futura, la inclusión social y el bienestar económico. Las escuelas serán espacios para el cuidado de la salud. En este contexto, se promueven acciones para fortalecer el sistema educativo en su conjunto, especialmente en la educación media superior y la expansión de la oferta educativa de nivel superior. De forma simultánea, se ha dignificado la labor de las maestras y los maestros, respetando sus derechos laborales y mejorando sus ingresos a través del diálogo permanente. La Nueva Escuela Mexicana implementa un nuevo modelo educativo para una formación integral de los estudiantes, que atiende su salud física y mental, vinculando el deporte con la formación artística y cultural, bajo un enfoque comunitario. Las primarias extenderán horarios para incluir deportes y artes. Con La Escuela es Nuestra, se han mejorado 173 mil planteles educativos y se beneficiará a todas las escuelas del país. La salud es un derecho humano. Se construye un sistema de salud que busca garantizar el acceso universal a la atención médica, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos. Se modernizarán hospitales y centros de salud. Se consolidará el IMSS-Bienestar para atender a quienes no tienen seguridad social. Las infancias serán protegidas mediante un programa de cuidados para los primeros mil días. Se impulsará un programa de escuelas, centros de trabajo y espacios públicos para reducir la obesidad, hipertensión y diabetes, las principales enfermedades que afectan a los mexicanos. El derecho a una vivienda digna es una de las aspiraciones más apreciadas de las familias. Con un ambicioso programa nacional para construir un millón de viviendas se busca garantizar una casa adecuada, accesible y con todos los servicios públicos. Se fortalecerá el Banco del Bienestar y la Financiera para el Bienestar. Se impulsarán créditos a la palabra para mujeres indígenas artesanas. Las artes y las culturas mexicanas, así como sus creadores, nos fortalecen como Nación, nos ayudan a construir una vida más sensible y solidaria, más respetuosa y creativa. El impulso de una República lectora es una estrategia para llevar el arte y la cultura a todos los ámbitos. Se apoyarán a los creadores y artistas mexicanos y se fomentará la recuperación de la memoria histórica. La promoción y protección de las lenguas y cultura de los pueblos originarios es una obligación del Estado mexicano y un primer paso hacia la reparación histórica de la discriminación que han vivido por siglos. Además, se promoverá una cultura de cuidado a la naturaleza y prohibir el maltrato animal y la destrucción del medio ambiente. México se propone ser potencia tecnológica y de innovación y contará con un programa tecnológico para el desarrollo nacional. El Estado Mexicano debe crear las condiciones necesarias para que cada persona pueda construir su felicidad, garantizando acceso a los recursos y oportunidades que promuevan una vida digna y bienestar integral. Diagnóstico República fraterna El modelo de desarrollo económico neoliberal en México dejó una huella profunda en la estructura social del país, fomentando un crecimiento económico desigual que amplió las brechas sociales, políticas y económicas. Las políticas orientadas a reducir la presencia del Estado en la vida pública y económica impusieron recortes en el gasto público destinado a programas sociales, servicios básicos e infraestructura social y productiva, afectando principalmente a los grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo que amplió la brecha de infraestructura pública. Este modelo también dio lugar a la creación de programas sociales focalizados que, lejos de maximizar el uso de los recursos y facilitar la movilidad de las personas, excluyeron a amplios sectores de la población, fragmentando la estructura de bienestar e impidiendo el acceso a mejores oportunidades. Este modelo de protección social resultó insuficiente para reducir la pobreza. Su enfoque asistencialista, temporal, geográfico y condicionado limitó cualquier impacto positivo a largo plazo. Por ejemplo, las personas adultas mayores enfrentaron una cobertura limitada en el sistema de pensiones y seguridad social, mientras que las personas con discapacidad enfrentaron barreras significativas para su inclusión laboral y el acceso a servicios básicos. Las niñas y niños sufrieron altas tasas de pobreza y deserción escolar debido a la escasa inversión social, que no garantizó el acceso a sus derechos básicos. Asimismo, algunos programas públicos atendieron de manera insuficiente la falta de oportunidades para la juventud. En contraste, el Humanismo Mexicano impulsado en el sexenio pasado ha buscado profundizar la igualdad como el camino hacia la justicia social. Por ello, el gobierno ha centrado esfuerzos en atender las necesidades básicas de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Garantizar los derechos humanos no es tema de debate. La política de bienestar debe ajustarse a los principios de universalidad, progresividad, igualdad, interdependencia e inclusión. La red de protección social implementada durante la Cuarta Transformación ha profundizado la igualdad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2018 y 2022 se observó una reducción sostenida de la pobreza, especialmente en los grupos más vulnerables. En 2022, la pobreza multidimensional disminuyó de 51.8 millones a 46.8 millones de personas, una disminución histórica. En 2023, el mismo Consejo reportó que la reducción de la pobreza y pobreza extrema en personas adultas mayores de 65 años entre 2018 y 2022, fue posible gracias al impacto positivo del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2023 alcanzó al 98.3% de esta población, garantizando una pensión superior o igual al promedio de la línea de pobreza por ingresos. Para consolidar esta tendencia, es necesario fortalecer una política de bienestar que amplíe la red de protección social y garantice que los recursos lleguen directamente a los grupos prioritarios, sin intermediarios. Esto permitirá que las familias satisfagan sus necesidades básicas de acuerdo con sus prioridades, con especial atención a los grupos vulnerables. La evidencia demuestra que la transición hacia programas universales y la adopción de transferencias no condicionadas no solo atienden la reducción de la pobreza de manera inmediata, sino que también sientan las bases para un desarrollo más inclusivo, equitativo y sostenible. República educadora, humanista y científica La educación es un elemento indispensable para lograr que la población alcance mayores niveles de bienestar y prosperidad compartida. Es un derecho, no un privilegio. La "República educadora", humanista y científica busca que la educación habilite otros derechos fundamentales, haciendo de su defensa un asunto de justicia social. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), solo el 28% de las niñas y niños que iniciaron sus estudios en 2007 completaron una licenciatura. Por ello, es esencial que las oportunidades educativas sean una realidad para todas y todos los mexicanos. La Cuarta Transformación ha iniciado un proceso para rescatar el Sistema Educativo Nacional, eliminando una visión que perpetuaba desigualdades mediante la formación de estudiantes poco críticos, con bajos niveles de conciencia social y una lógica de competencia en lugar de cooperación. El abandono del sistema educativo era tal que se requirieron esfuerzos de gran magnitud para corregirlo: desde la construcción de escuelas, la contratación de docentes, hasta la provisión de materiales educativos, y garantizar la permanencia y éxito en los estudios. El fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional es clave para garantizar la justicia social e impulsar el desarrollo del país. A pesar de los avances significativos en los últimos años, persisten desafíos en cuanto a equidad, eficiencia y cobertura, que requieren políticas educativas integrales. La Nueva Escuela Mexicana plantea un cambio profundo en el modelo educativo, basado en el desarrollo integral de los estudiantes, con una visión incluyente, equitativa, comunitaria, humanista y científica. En este contexto, el programa La Escuela es Nuestra promueve la democracia participativa y empodera a las comunidades educativas para mejorar la infraestructura escolar. Entre los ciclos escolares 2020-2021 y 2023-2024, la conexión a internet en las escuelas aumentó en 11.8 puntos porcentuales, y el número de escuelas con lavabos creció en 9.9 puntos porcentuales. Estas acciones se realizaron en el marco de la intervención de 173,670 escuelas entre 2019 y 2024, beneficiando a más de 21 millones de estudiantes. El reconocimiento y capacitación docente son fundamentales para la transformación educativa del país. Es necesario fortalecer un sistema de admisión, reconocimiento y promoción transparente que garantice los derechos laborales de los docentes y considere la diversidad de los contextos en los que se lleva a cabo su labor. La desigualdad social y económica es la principal barrera que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes para ejercer su derecho a la educación. Estas desigualdades afectan su aprendizaje y generan disparidades en las trayectorias educativas. En 2019, los programas de becas beneficiaron a 7.2 millones de personas; para 2024, esa cifra ascendió a 11.3 millones, un incremento del 61.1%. La expansión de los programas de becas es clave para consolidar una política equitativa que asegure el acceso universal a la educación y cierre las brechas educativas. La práctica del deporte y la actividad física es otro aspecto clave para el desarrollo integral de la infancia y la juventud. Actualmente, un alto porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sufren de sobrepeso y obesidad, lo que impacta tanto en su salud física como mental. Aproximadamente el 37% de niñas y niños de 5 a 11 años y el 40% de adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años padecen estas condiciones. Por ello, es necesario fomentar la actividad física y el deporte tanto en las escuelas como en las comunidades, desarrollando programas de participación colectiva que mejoren la salud pública y promuevan el bienestar de la población. La educación debe estar estrechamente vinculada con la ciencia, el humanismo y la cultura para erradicar la desigualdad y transformar a México en un país más justo, equitativo y sostenible. Es prioritario impulsar políticas que mejoren el tránsito entre niveles educativos, la permanencia en la educación media superior, el aumento de espacios en la educación superior y la transición de los jóvenes al mercado laboral. La educación media superior debe proporcionar las herramientas necesarias para que los jóvenes se integren a una actividad productiva, sin interrumpir su trayectoria académica. Además, se enfrenta el reto de preparar a los estudiantes para adaptarse a los cambios tecnológicos en el sector productivo. A pesar de que la tasa de abandono en este nivel educativo disminuyó a 11.2% en la administración pasada, aún persiste como un desafío, especialmente por la coexistencia de múltiples subsistemas educativos con diferentes modelos. La educación también debe brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para su desarrollo personal y profesional. Es esencial ofrecer opciones educativas alineadas con las políticas industriales, productivas y de ciencia y tecnología, con el fin de posicionar a México como una nación innovadora y soberana tecnológicamente. La educación dual y la oferta de carreras en nivel técnico superior son fundamentales para incrementar las oportunidades laborales de los jóvenes, especialmente en áreas como Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas. Actualmente, solo el 20.5% de los egresados de educación superior provienen de estas áreas. La educación técnica y tecnológica debe ser revalorizada como una opción viable para integrar a los jóvenes a la actividad productiva desde el nivel medio superior y superior. El fortalecimiento de esta educación debe ir de la mano con proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo social, la soberanía tecnológica y la seguridad alimentaria. México también ha tenido que reorientar su visión científica hacia un paradigma de bienestar, orientando los esfuerzos científicos hacia el bienestar colectivo. Este cambio ha sido fundamental para facilitar el acceso de la población a la educación superior y para consolidar una comunidad científica que impulse un modelo de desarrollo colaborativo y de impacto nacional. El desarrollo científico y tecnológico es crucial para enfrentar los desafíos nacionales, como se observa en las bajas tasas de investigación científica y de patentes en el país. En 2022, México registró 18,773 publicaciones científicas, mucho menos que el promedio de los países miembros de la OCDE, que es de 57,094. Además, el coeficiente de inventiva es bajo comparado con países como Estados Unidos de América y Canadá, que registran 75.7 y 11.6 patentes por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Es urgente revertir esta tendencia para desarrollar industrias clave en áreas como energía, desarrollo sustentable, electromovilidad, y vigilancia marítima, entre otras, que impulsen el desarrollo económico y la seguridad nacional, mediante un ecosistema de innovación tecnológica y científica. República de y para niñas, niños y adolescentes En México hay 12.4 millones de niñas y niños menores de seis años; de ellos, se estima que 1.2 millones de entre dos y cuatro años están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial. La atención integral en los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo cognitivo de las niñas y niños, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial en la vida adulta. La obligatoriedad de la educación inicial, decretada en la administración anterior, posicionó a México como pionero en garantizar el derecho de todos los niños a este nivel educativo. Los estudios muestran que la educación temprana tiene impactos positivos a largo plazo, mejorando los logros académicos, las condiciones laborales, y contribuyendo a reducir la pobreza, así como conductas antisociales, mejorando la salud mental. Es necesario eliminar las barreras que limitan el potencial de las niñas, niños y adolescentes, como son la falta de acceso a una alimentación nutritiva, servicios de salud y vacunación, identidad y una vida libre de violencias, entre otras. La actual administración está comprometida a garantizar, con un enfoque de ciclo de vida, igualdad sustantiva y equidad de género, la adopción de rutas integrales de atención que aseguren el acceso a apoyos y servicios esenciales que permitan que las niñas, niños y adolescentes tengan un desarrollo integral libre de violencias. República cultural y lectora Una República cultural y lectora busca que la rica herencia cultural y artística de México se convierta en un motor de transformación para el país. El objetivo es contribuir al bienestar y al humanismo, mediante el apoyo a las personas e instituciones que fomentan el desarrollo de las artes y la cultura. Se promoverá el acceso equitativo a estos recursos para todos los estratos de la sociedad mexicana, reconociendo y celebrando la diversidad de las expresiones artísticas y culturales provenientes de nuestras comunidades. Esta tarea debe realizarse dentro de un contexto nacional que elimine el acceso desigual a los bienes y servicios culturales, además de corregir el aprovechamiento ineficiente de la infraestructura cultural existente en el país. Para ello, es crucial desarrollar una estrategia integral que promueva el ejercicio de los derechos culturales de la población, tomando en cuenta los diversos contextos regionales, reorganizando la oferta cultural, promoviendo el intercambio entre regiones y asegurando la conservación y preservación de la vasta riqueza patrimonial del país para las generaciones futuras. Esta visión integral se complementa con un fuerte impulso hacia la formación y profesionalización artística y cultural. Es esencial reforzar el vínculo entre educación y cultura, comenzando desde la edad temprana, para permitir que todas las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a procesos de iniciación y apreciación artística, con un enfoque de planeación y participación comunitaria. La educación artística es clave en la formación integral de las y los estudiantes, ya que contribuye al desarrollo cognitivo, humano y socioemocional, promoviendo el pensamiento crítico y creativo, el desarrollo de habilidades y destrezas. Además, la apreciación artística y la revalorización de las costumbres y tradiciones de los pueblos son esenciales para recuperar el sentido de pertenencia a la comunidad. Promover la lectura entre la ciudadanía es fundamental para consolidar la democracia. Actualmente, México carece de espacios e instrumentos que fomenten la lectura colectiva, por lo que es necesario implementar acciones para mejorar la infraestructura dedicada a la lectura, actualizar los planes y programas de estudio, fortalecer el enfoque comunitario y garantizar el derecho a la educación artística pública, gratuita y de calidad. Es urgente asegurar el derecho a la cultura, a través de esquemas de participación e inclusión, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, siempre con pleno respeto a la libertad creativa. Además, es necesario fortalecer el vínculo entre educación y cultura desde la infancia, promoviendo una formación integral que impulse la creatividad y el sentido de comunidad. República sana Para alcanzar el bienestar y desarrollo de la población, es fundamental consolidar la transformación del sistema de salud bajo el principio de acceso universal, asegurando que todas y todos los mexicanos puedan acceder a servicios de salud de calidad, sin distinción alguna. Esto contribuirá a mejorar los indicadores de salud nacionales y a reducir los gastos que afectan de manera desproporcionada a las personas sin seguridad social. En 2016, el CONEVAL calculó que el 15.6% de la población, es decir, 18.8 millones de personas, carecían de acceso a la salud. El modelo anterior, el Seguro Popular, no logró mejorar el acceso ni ampliar la cobertura, y careció de un enfoque preventivo de enfermedades. Esto se debió a la falta de expansión en los recursos materiales, humanos e infraestructura para garantizar la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios de salud. La fragmentación del sistema sanitario y la desarticulación entre salud colectiva y atención médica generaron disparidades en costos, servicios y calidad. Para garantizar la atención médica y el bienestar de las comunidades, con gratuidad y calidad, la administración anterior implementó reformas que dieron origen al Sistema de Salud para el Bienestar, con un enfoque especial en la población sin seguridad social. Con el fin de fortalecer la prestación de servicios a esta población y cerrar las brechas de acceso se creó el organismo público descentralizado denominado IMSS-Bienestar, cuyo eje fundamental es la atención oportuna, eficaz y eficiente. Este nuevo modelo de gestión busca mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del sistema sanitario, garantizando que los servicios impacten positivamente a la población. En México, las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas son las principales causas de mortalidad. Además, las altas tasas de mortalidad materna e infantil reflejan desigualdades profundas en el acceso a servicios esenciales de salud. La fragmentación del sistema de salud ha contribuido significativamente a este panorama, limitando la eficacia de las políticas públicas y generando disparidades en la cobertura y calidad de los servicios. El Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, a través del Servicio Nacional de Salud Pública, es clave para abordar estas deficiencias de manera integral. Este modelo busca asegurar un enfoque centrado en la persona, adaptado a las necesidades locales, integrando acciones preventivas y de promoción de la salud con un enfoque territorial. Además, involucra sectores clave como educación, desarrollo social y medio ambiente, lo que permite abordar los determinantes sociales de las enfermedades. El abasto de insumos para la salud sigue siendo un tema constante, con desafíos que afectan el acceso de la población a tratamientos esenciales. Uno de los problemas recurrentes es el déficit de medicamentos en las instituciones públicas, debido a ineficiencias en los procesos de compra y distribución, la concentración del mercado farmacéutico y la falta de disponibilidad de tratamientos en el mercado nacional e internacional. También persisten desigualdades regionales en el acceso a medicamentos, ya que las zonas rurales y marginadas enfrentan mayores dificultades para obtener los tratamientos necesarios. Los altos precios de los medicamentos de patente limitan el acceso a amplios sectores de la población, lo que es consecuencia de deficiencias en la regulación del sector farmacéutico, que ha favorecido prácticas monopolísticas y dificultado la competencia. Varios factores han influido negativamente en el abasto eficiente de insumos, como las reformas previas al sector salud, la pandemia de la COVID-19 y la corrupción en el sector farmacéutico. Sin embargo, los esfuerzos realizados durante la administración anterior permitieron reducir la corrupción y los monopolios. La mejora en la planeación y estandarización de los procesos de compra, así como los cambios en la ley, ampliaron el mercado y la oferta internacional, lo que resultó en ahorros significativos. Es necesario continuar fortaleciendo el sistema de compra, abasto y distribución de insumos para la salud a través de la implementación de mejoras tecnológicas, mecanismos de cálculo de la demanda y la homogenización de medicamentos e insumos. También es clave realizar compras con las mejores condiciones de precio y calidad, y fortalecer las capacidades logísticas y de distribución del Estado. Finalmente, se requiere garantizar el derecho a la salud para toda la población mexicana, consolidando y modernizando el sistema de salud con un enfoque de acceso universal, que asegure la equidad en la distribución de los recursos y la calidad de los servicios de salud. República con acceso a vivienda Un gran número de familias mexicanas vive en asentamientos irregulares donde carecen de servicios básicos y enfrentan altos costos de vida derivados de la falta de infraestructura adecuada, como tiempos y costos de traslado para acceder a servicios de trabajo, educación, salud, esparcimiento, entre otros. La República con acceso a vivienda tiene como objetivo establecer un modelo de ordenamiento territorial en el que la vivienda adecuada sea el centro de la planificación del territorio. Esto implica promover la producción de vivienda económica, desacelerar el encarecimiento del suelo, agilizar los procesos burocráticos asociados a la construcción, reducir la especulación inmobiliaria, garantizar la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios públicos y mejorar los sistemas de información sobre el mercado de vivienda y el cumplimiento normativo en operaciones inmobiliarias. En México existen 17,770 asentamientos irregulares, de los cuales el 99% se encuentran en zonas de riesgo. Estos asentamientos carecen de servicios básicos como agua potable, saneamiento y electrificación, lo que limita las oportunidades de desarrollo y perpetúa las desigualdades sociales y territoriales, afectando especialmente a los grupos históricamente marginados. A estos desafíos se suman la falta de infraestructura de calidad y la ausencia de políticas integradas de movilidad y transporte, que agravan las disparidades regionales, el desarrollo territorial desequilibrado, y la pérdida de eficiencia en el uso del suelo y los recursos públicos. La especulación inmobiliaria contribuye al deterioro ambiental, la fragmentación urbana y el encarecimiento del suelo y la vivienda. De acuerdo con el INEGI, en 2020, el 21.1% de los hogares del país enfrentaban necesidades insatisfechas de vivienda, lo que significa que millones de hogares requieren alquilar, comprar o autoproducir una vivienda. Además, el 58% de las viviendas mexicanas requieren construcción, ampliación o mejora, y el 24.6% de las viviendas tiene 31 años o más de antigüedad, lo que hace urgente la renovación o sustitución de muchas de ellas. En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, se informó que el 24.3% de las viviendas en México presenta rezago habitacional y que 6.1 millones de viviendas están deshabitadas. Además, el 9.1% de la población enfrenta deficiencias en la calidad y el espacio de sus viviendas, y 17.8% carece de servicios básicos. El hacinamiento afecta al 5.8% de la población, principalmente en zonas rurales, y el 2.9% habita en viviendas con piso de tierra, colocando a México entre los países con mayores índices de hacinamiento. A nivel nacional, se estima que existe un déficit de 8.2 millones de viviendas, lo que representa el 23.3% del total de viviendas particulares habitadas. La escasez de nueva vivienda se ha acentuado por el encarecimiento del financiamiento e insumos, resultando en precios elevados para la adquisición de viviendas. En 2022, los gastos de alquiler representaron el 4.9% de los ingresos de un hogar promedio, con una variación de hasta 8.6 puntos porcentuales entre los hogares más ricos y los más pobres, siendo los del primer decil los que más alquilan. Desde 2016 ha habido una caída generalizada en la producción de vivienda, afectando principalmente a las familias de bajos ingresos. Entre 2016 y 2024 la oferta de vivienda se redujo en 61.4%, y la vivienda de interés social vio una caída de 77.2%. El 44.5% de los hogares sin vivienda propia se concentra en cinco entidades federativas, y el déficit se agrava en estados como Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Baja California Sur y la Ciudad de México. El encarecimiento de la vivienda ha dificultado su asequibilidad. Entre 2018 y 2024 el valor promedio de inmuebles pasó de 987 mil pesos a más de dos millones de pesos, con la Ciudad de México registrando el valor más alto en 2024: 4.6 millones de pesos. Se estima que el 60% de los hogares no pueden adquirir viviendas de más de 500 mil pesos. Por ello, es necesario implementar una política de vivienda que garantice el acceso a vivienda a las personas sin seguridad social, de bajos ingresos, vulnerables y discriminadas, complementada con el rescate de espacios públicos y viviendas abandonadas. Finalmente, respecto a la certeza jurídica, a nivel nacional se cuenta con 6.5 millones de viviendas propias sin escritura. El 40.6% de las viviendas propias en áreas rurales y el 22.6% en zonas urbanas no cuentan con esta documentación, afectando especialmente a las mujeres, quienes tienen menores tasas de tenencia de propiedad. Según el CONEVAL, en 2022 solo 19 millones de personas mayores de 18 años eran propietarias de su vivienda, de las cuales solo el 41.7% eran mujeres, y para las mujeres adultas mayores, solo el 35.9% eran propietarias. Esta incertidumbre jurídica vulnera la propiedad y la seguridad jurídica de las familias sobre su patrimonio, limitando su acceso a servicios públicos, el mercado de crédito y al desarrollo con bienestar. Es necesario garantizar el derecho a la vivienda adecuada y sustentable para mejorar la calidad de vida de la población mexicana, contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad territorial y a promover un desarrollo equitativo y sostenible. EJE GENERAL 3 ECONOMÍA MORAL Y TRABAJO Para fortalecer el proyecto histórico de los mexicanos, de ser un país soberano, independiente y democrático se requiere fortalecer la economía nacional, impulsar una política industrial integral que ayude a disminuir nuestra dependencia del exterior, que incentive la inversión nacional y extranjera responsable, y que además permita a las empresas nacionales participar de las cadenas globales de producción y de valor. La economía moral representa un modelo de desarrollo económico del país a partir de fortalecer la capacidad de consumo de la mayoría que está en la base de la pirámide a través de los programas sociales, creando más empleos y mejorando los salarios, alcanzando a duplicar el salario mínimo en términos reales. Ha sido un círculo virtuoso del que todos los sectores se han beneficiado. Gracias a ello han mejorado las condiciones de vida de millones de mexicanos que han dejado la condición de pobreza en estos tiempos de transformación. Un aspecto fundamental de las políticas de desarrollo económico y social es la innovación que representa el impulso a la economía social como son las cooperativas, asociaciones, cajas de ahorro, mutuales; actores que involucran a más de 14 millones de mexicanos, incluyendo ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Frente a la limitación de la economía de mercado para generar empleos debido a la automatización, los proyectos de economía social permiten desarrollar alternativas laborales y económicas basadas en la autoorganización, el cooperativismo, la solidaridad, la ayuda mutua, la reciprocidad y el respeto al medio ambiente. Este Plan contiene acciones de política orientadas a promover una mejora continua y sostenible del bienestar de toda la población, con especial atención a las y los trabajadores, particularmente aquellos que laboran y viven en el campo. El objetivo principal es garantizar el derecho a un salario digno, que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Además, se buscan acciones que favorezcan el acceso a mejores pensiones y seguridad social, asegurando que todas las personas cuenten con un respaldo económico adecuado en la vejez. Es importante establecer un equilibrio entre trabajo y vida familiar, promoviendo políticas que favorezcan la calidad de vida de las y los trabajadores, permitiendo que puedan atender sus necesidades laborales sin descuidar su bienestar personal y familiar. Estas acciones no solo buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino también de sus familias. Otro objetivo estratégico es fortalecer el campo mexicano y lograr la soberanía alimentaria de México, a través del apoyo al sector agrícola y la protección de los derechos de quienes trabajan y viven en el campo. Asimismo, se contemplan iniciativas para desarrollar infraestructura estratégica que habilite una República mejor conectada. Esto incluye la mejora del transporte de pasajeros y la modernización de los puertos y aeropuertos, la promoción de la infraestructura para el comercio interno y transfronterizo, lo cual permitirá conectar de manera más eficiente a las distintas regiones del país, impulsando el desarrollo económico. El propósito de estas acciones es construir un México más justo y productivo, donde el fruto del trabajo alcance para el bienestar familiar y se valore la contribución de todas las personas al desarrollo económico del país, asegurando que cada una, independientemente de su ocupación, pueda disfrutar de una vida digna y de un entorno favorable para su desarrollo pleno. Diagnóstico República con trabajo y salario justo Entre 1976 y 2016 el salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo, transformándose de una herramienta para proteger el ingreso de las personas trabajadoras a un simple indicador económico bajo el modelo neoliberal. El mercado laboral mexicano también sufrió desajustes derivados de desigualdades estructurales por condición de sexo, edad, color de piel, etnia, nivel socioeconómico y ubicación geográfica, lo que ha obstaculizado el acceso a empleos formales y dignos, especialmente para las mujeres, los jóvenes y los grupos históricamente excluidos. La República con trabajo y salario justo tiene como objetivo restaurar el poder adquisitivo de las familias, promoviendo un ambiente laboral sin discriminación y con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Desde 1996 hasta 2018, fin del periodo neoliberal, el salario mínimo mensual fue inferior al 90% del valor de la línea de pobreza para zonas urbanas, lo que limitó su capacidad para cubrir las necesidades básicas de la población. Durante la década de los ochenta, México tenía el tercer salario mínimo más alto de Latinoamérica, pero para 2010, ocupaba el antepenúltimo lugar en la región. El contexto laboral de las y los mexicanos era aún más crítico si se considera la tasa de pobreza laboral, que mide el porcentaje de personas cuyo ingreso laboral no es suficiente para una alimentación adecuada. Esta tasa se mantuvo por encima del 37% entre 2009 y 2023, y en 2024 se redujo a 35.3%. Este panorama hace urgente la recuperación del poder adquisitivo de las personas trabajadoras, para que sus ingresos les permitan mejorar la calidad de vida de sus familias. La nueva política de salarios mínimos implementada por el Gobierno de México se ha centrado en proponer incrementos graduales, responsables y consensuados. Estos incrementos han estado por encima de la inflación, asegurando que el poder adquisitivo se vea fortalecido. En 2025, el incremento fue de 12%, acumulando un aumento de 110% en términos reales desde 2018. La revalorización del salario mínimo ha tenido un impacto positivo en las vidas de las y los trabajadores, especialmente en aquellos con menores ingresos. El 10% de las personas aseguradas en el IMSS con menores ingresos han visto incrementos del 146% en la zona libre de la frontera norte, y del 73% en el resto del país, desde que se implementó la nueva política salarial. Entre 2018 y 2022, 4.1 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional gracias a esta política. El salario mínimo vigente en 2025 es casi dos veces la línea de pobreza para zonas urbanas, lo que ha permitido a las familias comprar más productos esenciales, como 12 kilos de tortillas, 5.9 kilos de huevo y 5.3 kilos de frijol, comparado con los 6.5, 3.2 y 3.1 kilos en 2018, respectivamente. Sin embargo, el poder adquisitivo del salario sigue estando 36% por debajo de su máximo alcanzado en 1976, lo cual sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades esenciales de una familia. La meta de la administración actual es lograr que el salario mínimo sea 2.5 veces el costo de la canasta básica, asegurando así un poder adquisitivo adecuado para las familias. A pesar de los avances, el mercado laboral mexicano sigue enfrentando desajustes por desigualdades estructurales. La tasa de participación laboral femenina ha alcanzado niveles históricos, pero aún existe una brecha de 30.1 puntos porcentuales respecto a los hombres, debido principalmente a las labores no remuneradas de trabajo doméstico y de cuidados. En cuanto a los jóvenes, la tasa de desocupación laboral en 2024 fue de 5.3%, casi tres veces mayor que la de las personas adultas, aunque los programas de capacitación laboral han ayudado a reducir en 3 puntos porcentuales el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan entre los 18 y 29 años. Entre 2018 y 2024, la informalidad laboral disminuyó del 56.5% al 54.6%, pero aún existen 32.5 millones de personas trabajando en la informalidad, lo que implica condiciones de trabajo precarias y menor estabilidad en los ingresos laborales. Aunque los ingresos laborales promedio han aumentado, persiste una brecha significativa entre los trabajadores formales e informales, lo que demuestra la necesidad de continuar promoviendo la formalización del empleo y una mayor equidad salarial. México también enfrenta desafíos relacionados con flexibilidad laboral y largas jornadas laborales. Según la OCDE, el 27% de las y los trabajadores mexicanos laboran más de 50 horas a la semana, lo que afecta la salud y el bienestar de las y los trabajadores, particularmente en aquellos con jornadas excesivas y bajos ingresos. A pesar de los avances en la mejora de condiciones laborales, aún existen retos para garantizar condiciones de trabajo digno para todas las personas trabajadoras. Es fundamental seguir impulsando políticas laborales que garanticen el respeto a los derechos laborales y la dignificación de la remuneración, a través de salarios y pensiones justas, asegurando que el trabajo se convierta en un medio para el bienestar, con igualdad de oportunidades y condiciones para todas las personas, sin distinción de género, edad o condición social. República rural justa y soberana México cuenta con una producción agrícola de excelente calidad, sustentada en la diversidad de tierras, climas y zonas costeras, que constituye la base de nuestra soberanía alimentaria. En el país se producen aproximadamente 300 millones de toneladas de productos agropecuarios y pesqueros, empleando a más de 6.6 millones de personas. La "República rural justa y soberana" busca consolidar la transformación del campo mexicano, impulsando la producción nacional para alcanzar mayores niveles de autosuficiencia alimentaria. Este objetivo se alcanzará mediante el empleo de tecnologías que aseguren la salud, nutrición y procuren la protección del medio ambiente, mientras garantizamos a las personas campesinas el acceso a sus derechos sociales y el respeto a sus derechos laborales. En los últimos 20 años, el valor de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera ha duplicado su valor en términos reales, con un crecimiento promedio anual del 3.4%. Este sector representa el 3% del PIB del país, y se cimienta en el trabajo de pequeños y medianos productores: el 66.5% de la producción de maíz, frijol, arroz, trigo, caña y café proviene de estas empresas. Sin embargo, diversos factores internos y externos limitan la capacidad de producción agropecuaria. Uno de los principales es el alto costo de insumos y servicios debido a la alteración de las cadenas de suministro globales por eventos geopolíticos. En 2021, los costos de los fertilizantes más utilizados, como el fosfato diamónico y la urea, aumentaron 263% y 92%, respectivamente. Además, el acceso al crédito sigue siendo muy limitado para los productores de pequeña y mediana escala. En 2022, solo el 6.1% de las unidades de producción agropecuaria recibió algún tipo de financiamiento. Recientemente, los fenómenos climáticos han afectado gravemente la producción de alimentos, especialmente debido a la intensificación de sequías e inundaciones. En 2023, el 10% de la superficie cosechada de granos básicos registró algún tipo de siniestro, el porcentaje más alto en los últimos 10 años. Además, debido a la sequía, se dejaron de sembrar más de un millón de hectáreas de maíz, frijol, arroz, trigo y sorgo. Estos efectos se ven exacerbados por la baja cobertura de seguros, que cubren menos del 2% de las unidades de producción. La volatilidad de los precios también afecta negativamente la producción de alimentos. Al no tener certeza de si el precio final de los productos cubrirá los costos de producción y generará un beneficio para reinversión, los productores toman decisiones bajo condiciones de desventaja. Además, la intermediación en la cadena de comercialización paga precios bajos a los productores. La producción intensiva de alimentos, combinada con una falta de aplicación de la legislación vigente, ha generado una grave degradación de los recursos naturales. Aunque la producción de alimentos utiliza el 76% del agua fresca del país, el 57% de ésta se desperdicia. Este desequilibrio afecta la sostenibilidad de la actividad agropecuaria y sus resultados a largo plazo. A pesar de que las localidades rurales siguen siendo predominantemente agrícolas, los hogares rurales han diversificado sus fuentes de ingreso, obteniendo menos del 20% de su ingreso de actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras. En 2023, las localidades rurales representaron el 20% del empleo total del país, con más de 12 millones de personas empleadas, lo que representa un aumento de 1.4 millones de empleos respecto a 2018. Sin embargo, sus condiciones laborales siguen siendo precarias, con un 77% de informalidad, aunque este porcentaje ha disminuido en tres puntos respecto a 2018. Es fundamental fortalecer la soberanía alimentaria a través de políticas que fomenten la producción agrícola y pesquera de pequeña escala, especialmente en municipios con altos índices de pobreza. Además, se debe garantizar el bienestar de las personas que viven del campo, asegurando su acceso a salud, educación y vivienda. Esto debe ir acompañado del impulso a la autosuficiencia en productos clave como maíz no transgénico y frijol. Las políticas públicas deben centrarse en el fomento de la pequeña y mediana producción agrícola, ganadera, pesquera y acuícola, reconociendo la multifuncionalidad de la población rural. Es fundamental fortalecer las cadenas de valor internas, trabajando de manera coordinada desde el campo hasta la mesa, y reconociendo el esfuerzo de cada persona en cada eslabón de la cadena agroalimentaria. De esta manera, se contribuirá a un México más justo, productivo y autónomo en términos alimentarios y económicos. República próspera y conectada El crecimiento económico de México antes del primer gobierno de la Cuarta Transformación estuvo marcado por la desigualdad tanto a nivel nacional como regional. Durante el periodo neoliberal, se apostó por un modelo económico que favorecía principalmente a grandes sectores y regiones, sin garantizar una distribución equitativa de los beneficios. Entre 2020 y 2021 el contexto global fue profundamente impactado por la pandemia de la COVID-19, sumado a varios conflictos geopolíticos, lo que resultó en un decrecimiento de 8.5% en el PIB en 2020. Sin embargo, en 2021, gracias a la reactivación económica global y el impulso de proyectos prioritarios como infraestructura y la red de protección social, el PIB creció un 6.3%. En 2022 y 2023 el crecimiento se estabilizó en 3.7% y 3.3% respectivamente, marcando una recuperación moderada y sostenida. El modelo propuesto por la Cuarta Transformación busca consolidar un desarrollo económico inclusivo y con bienestar, bajo los principios del Humanismo Mexicano, con un rol activo del Estado. El modelo de crecimiento económico previo a la Cuarta Transformación generó desigualdades estructurales, particularmente en las regiones rurales y en sectores productivos que dependían de insumos externos. Las políticas de fomento a la industria fueron insuficientes para mejorar la productividad, competitividad e innovación, y la planeación nacional orientada al desarrollo regional fue relegada en favor de un modelo económico que beneficiaba solo a unos pocos. México tiene una participación significativa en las cadenas globales de valor. En 2020, el valor agregado extranjero en las exportaciones mexicanas representaba 35%, mientras que el valor agregado mexicano en las exportaciones de otros países fue solo 9%. Este rezago en el contenido nacional de nuestras exportaciones resalta la necesidad de políticas que impulsen una industria manufacturera nacional más incluyente y con mayor valor agregado. En la actualidad el 49% de cada 100 pesos exportados en manufacturas por México provienen de insumos extranjeros, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra economía ante fluctuaciones globales. La competitividad global de México ha disminuido, ocupando el 56° lugar de 67 países en el Índice de Competitividad Mundial 2024, y cayendo al 73° lugar en innovación. En 2024, solo el 11% de las patentes otorgadas en México fueron solicitadas por nacionales, lo que resalta la urgencia de fortalecer nuestra capacidad innovadora. Para enfrentar este desafío, México debe adoptar políticas de fomento industrial, comercial y de competencia, que devuelvan al Estado su papel activo en la planeación económica, priorizando el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto debe ir de la mano con un impulso a la banca de desarrollo y la innovación tecnológica, para crear un sector productivo nacional robusto y competitivo. En el ámbito de infraestructura logística, es esencial transitar hacia una visión de transporte multimodal que combine el uso de distintos medios de transporte para carga y pasajeros, con el objetivo de mejorar la competitividad, reducir costos y mejorar la eficiencia en los tiempos de traslado. En 2023 la red carretera de México sumó 407,783 km, pero el 34% de la red libre de peaje está en malas condiciones, lo que requiere esfuerzos continuos de mejoramiento y conservación para garantizar seguridad vial y eficiencia en el transporte. La infraestructura ferroviaria, a pesar de sus ventajas logísticas, representa solo el 19% del volumen total de transporte terrestre, limitando su potencial de crecimiento. A pesar de ser más eficiente y ecológico, el sistema ferroviario mexicano sigue subutilizado para el transporte de pasajeros, lo que genera un vacío en el transporte público interurbano. La infraestructura portuaria también enfrenta desafíos. La falta de competitividad debido a deficiencias en tecnología, conectividad logística y regulación impide que los puertos mexicanos se posicionen como actores clave en el comercio internacional, lo que afecta directamente nuestra economía y empleo. Para lograr una competitividad global, México debe consolidar una autoridad marítima nacional que regule de manera eficiente y brinde seguridad a las operaciones marítimas y portuarias. Asimismo, se debe impulsar la modernización del sector, mejorando la infraestructura y optimizando la logística para fomentar un crecimiento económico equilibrado en todas las regiones del país, con énfasis en el desarrollo de un modelo económico sostenible y competitivo a nivel global. EJE GENERAL 4 DESARROLLO SUSTENTABLE El Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación tiene como base el impulso de un desarrollo sustentable, es decir, lograr un equilibrio entre desarrollo económico, social y ambiental que preserve el medio ambiente y evite un daño irreversible, al tiempo que busca evitar que se agoten los recursos naturales y permitir su disfrute a las generaciones futuras. La justicia social debe ir acompañada de una justicia ambiental, de un modelo de sociedad que disminuya su huella ecológica y respete los ciclos naturales de reproducción de la vida. El desarrollo sustentable requiere un enfoque integral en la protección y el uso responsable de los recursos naturales. Es prioritario implementar políticas para reducir y revertir el daño ambiental, proteger los ecosistemas estratégicos del país -como bosques, selvas y cuerpos de agua- y fomentar el aprovechamiento de residuos mediante la economía circular. Esto implica incentivar el reciclaje de materiales, el aprovechamiento energético de residuos orgánicos y la gestión eficiente de desechos para reducir la contaminación y optimizar el uso de recursos. La soberanía energética es un objetivo estratégico del PND, pero debe hacerse con una visión de sustentabilidad ambiental; para ello es fundamental consolidar la rectoría del Estado en el sector energético mediante el fortalecimiento de PEMEX y de la CFE. Esto permitirá eliminar la dependencia del exterior, asegurar precios accesibles para la población y avanzar hacia la autosuficiencia energética. En la matriz energética del país se impulsarán fuentes de energía renovables y se acelerará la transición energética con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, cumplir con las metas nacionales de energías limpias y honrar los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático. Además de garantizar un suministro energético seguro, eficiente y asequible para toda la población, la justicia energética debe convertirse en un pilar del desarrollo nacional. Esto implica ampliar la cobertura y el acceso a la energía, especialmente en comunidades marginadas, asegurando que todas las regiones del país cuenten con fuentes de energía limpias y sostenibles. Asimismo, es esencial garantizar el derecho humano al agua mediante una distribución equitativa y el desarrollo de infraestructura que lleve agua potable a todas las comunidades. Esto incluye proyectos de saneamiento, rehabilitación de redes hídricas y tratamiento de aguas saladas para su aprovechamiento. La protección de fuentes acuíferas se vuelve una necesidad urgente ante los crecientes desafíos del cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación. En el sector agrícola, se debe fomentar el uso eficiente del agua con tecnologías que reduzcan el desperdicio y promuevan la conservación de este recurso vital. Por ello, se debe evitar la implementación de procesos industriales que requieran un alto consumo de agua en regiones donde este recurso escasea, como en el norte del país. Es necesario ampliar las zonas naturales protegidas y establecer protocolos para descontaminar tierras, aguas y aire en zonas que ponen en riesgo la salud de la población. Estas acciones buscan equilibrar el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental, asegurando que las generaciones presentes y futuras cuenten con los recursos y condiciones necesarias para una mejor calidad de vida. La consolidación de un modelo energético sustentable y una gestión responsable de los recursos naturales son claves para garantizar la viabilidad ambiental, económica y social del país a largo plazo. Diagnóstico República soberana y con energía sustentable Desde el sexenio pasado, el Gobierno de México implementó una política energética orientada al rescate del sector para fortalecer el desarrollo económico. Sin embargo, es fundamental consolidar la soberanía energética y la sostenibilidad ambiental. Para ello, la política pública debe garantizar la autosuficiencia energética, reducir la dependencia de importaciones y mantener precios accesibles, todo ello con un enfoque de sostenibilidad, innovación y desarrollo tecnológico. Recuperar la rectoría del Estado en el sector energético exige fortalecer las empresas públicas del Estado como Pemex y la CFE mediante una mayor inversión, austeridad y combate a la corrupción, asegurando su solidez financiera. En el último sexenio, se rehabilitó el Sistema Nacional de Refinación, se construyó la refinería Olmeca en Dos Bocas y se adquirió la refinería Deer Park en Texas. Además, se construyeron plantas coquizadoras en Tula y Salina Cruz, y se reforzó el combate al mercado ilícito de combustibles. En el sector eléctrico, se modernizaron 16 hidroeléctricas, se iniciaron 15 nuevas centrales de generación y se construyó la central fotovoltaica Puerto Peñasco en Sonora, la más grande de América Latina. Para fortalecer la seguridad energética, el Estado reservó la explotación del litio, clave para la producción de baterías y almacenamiento energético. Sin embargo, el desafío central sigue siendo acelerar la transición energética garantizando el abastecimiento a precios justos. La transición hacia energías renovables reducirá la dependencia de combustibles fósiles y permitirá cumplir con compromisos internacionales en materia climática. Actualmente, el 89% de la energía del país proviene de combustibles fósiles y el 62% de la electricidad se genera con gas natural, en su mayoría importado de los Estados Unidos de América, sin un sistema de almacenamiento que neutralice riesgos de escasez. Además, solo el 11% de la energía proviene de fuentes renovables. Ante ello, es necesario fortalecer y expandir la red eléctrica para atender la creciente demanda, reducir la congestión y conectar nuevas fuentes de generación renovable. La CFE deberá garantizar un suministro confiable mediante proyectos renovables, esquemas de inversión claros y procesos simplificados para el autoabastecimiento energético en hogares e industrias. La política energética debe fomentar el uso eficiente de la energía, promoviendo medidas de ahorro y el consumo de productos de alta eficiencia energética. Asimismo, la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico debe enfocarse en fortalecer la planeación del sector, garantizar el acceso a electricidad en comunidades sin servicio, modernizar el transporte público con criterios de sustentabilidad y establecer reglas claras para atraer inversión privada. En el mercado de petrolíferos, la producción debe priorizar el consumo nacional sobre la exportación, impulsando la producción de petroquímicos para fortalecer la industria, incrementar reservas de forma sostenible y fomentar la producción de fertilizantes para la seguridad alimentaria. A la par, la industria de hidrocarburos debe reducir emisiones y adoptar tecnologías limpias para descarbonizar sus operaciones. A pesar de los avances en el suministro eléctrico y la autosuficiencia en hidrocarburos, persisten desigualdades en el acceso y el costo de los servicios energéticos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. La política energética debe redoblar esfuerzos para garantizar que toda la población tenga acceso a energía confiable, asequible y ambientalmente sostenible. República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales México alberga el 12% de la biodiversidad global en sus ecosistemas terrestres, marinos y costeros. Esta riqueza natural ofrece importantes beneficios en la producción agropecuaria y otros bienes, pero también plantea retos para su preservación y mitigación del cambio climático. Por décadas, el modelo económico basado en la extracción, producción y consumo ha deteriorado gravemente el medio ambiente, contribuyendo a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Según el INEGI, el 28% de los ecosistemas terrestres han sido transformados en zonas agropecuarias y urbanas, agravando la deforestación. Entre 2001 y 2023, México perdió 4.8 millones de hectáreas de cobertura forestal, impulsado por actividades ilegales, corrupción, debilitamiento del tejido social y efectos del cambio climático. A pesar de los esfuerzos de conservación, como las Áreas Naturales Protegidas y las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que abarcan 99.2 millones de hectáreas y representan el 12% del territorio terrestre y el 24% del marino, estos ecosistemas enfrentan amenazas como el cambio de uso de suelo, la fragmentación del hábitat y la introducción de especies invasoras. Es crucial ampliar la superficie conservada y alcanzar la meta global de proteger el 30% de los territorios terrestres y marinos, implementando esquemas efectivos de protección, conservación y gobernanza ambiental. El cambio climático acelera la degradación de la biodiversidad. Sus efectos incluyen el aumento de temperaturas, el ascenso del nivel del mar, la reducción de glaciares, cambios en los patrones de precipitación y fenómenos meteorológicos extremos como huracanes e incendios forestales. México ha adoptado medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la descarbonización de sectores estratégicos, en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la 29ª. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para limitar el calentamiento global a 1.5°C. La contaminación del aire es otro factor crítico. Actualmente, 24 entidades federativas han implementado programas de calidad del aire, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y mejorar la salud en las ciudades con mayor polución. Además, el manejo de residuos representa un desafío urgente. México genera 43.8 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, pero solo el 31.6% tiene potencial de aprovechamiento. La mayoría termina en sitios de disposición final sin procesos de reciclaje o revalorización. Para reducir la generación de desechos, es necesario impulsar la economía circular en los municipios más contaminados, promoviendo la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos en el sector productivo, así como proyectos de infraestructura sustentable y un ordenamiento territorial eficiente. El cumplimiento de la normatividad ambiental debe fortalecerse mediante una supervisión más estricta, la aplicación efectiva de sanciones y la reparación de daños a ecosistemas y comunidades. Finalmente, el diseño y ejecución de la política ambiental requieren una participación activa de la sociedad. Es fundamental fomentar la educación ambiental, el diálogo multisectorial y la articulación de esfuerzos entre distintos niveles de gobierno para garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural de México. República con derecho al agua El acceso, la suficiencia y la calidad del agua son desafíos globales críticos, pues este recurso es fundamental para la seguridad alimentaria, la generación de energía y la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tres de cada diez personas en el mundo carecen de acceso a agua potable en el hogar y seis de cada diez no cuentan con saneamiento seguro. En México, la disponibilidad de agua per cápita ha disminuido drásticamente, pasando de 17,742 a 3,656 metros cúbicos por habitante en siete décadas, con una proyección de solo 3,285 metros cúbicos para 2030. Este problema se agrava por el uso ineficiente del recurso, especialmente en la agricultura, que consume más del 70% del agua concesionada, y la industria, que tiene un bajo nivel de reúso. La calidad del agua también enfrenta serios desafíos: el 70% de los ríos del país está contaminado por descargas de aguas residuales y químicos agrícolas. Además, solo la mitad de las aguas residuales municipales generadas en 2023 fueron tratadas. La sobreexplotación ha generado problemas de disponibilidad en 104 de las 757 cuencas hidrológicas y en 286 de los 653 acuíferos. En los últimos años, se han implementado acciones para garantizar progresivamente el derecho al agua y al saneamiento, priorizando a las poblaciones con menor acceso. Entre 2019 y 2024, se destinaron más de 110 mil millones de pesos en 18 obras estratégicas, beneficiando a más de 24 millones de personas. Sin embargo, aún se requiere una estrategia integral para asegurar la dotación de agua en cantidad y calidad suficientes, prevenir la sobreexplotación y evitar el acaparamiento. Es fundamental fortalecer y ampliar la infraestructura hídrica, incluyendo la construcción y mantenimiento de acueductos y presas en coordinación con los distintos niveles de gobierno. Asimismo, se deben impulsar proyectos de reciclaje de agua para su uso en riego, minería y recarga de presas, maximizando la reutilización de los volúmenes tratados en las ciudades. Además, se debe promover el uso de tecnologías de desalinización en las zonas con mayor estrés hídrico, garantizando que las descargas de salmuera no afecten los ecosistemas marinos. Con estas acciones, México podrá garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras. EJE TRANSVERSAL 1 IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHOS DE LAS MUJERES La "República de y para las mujeres" es un compromiso de Estado para erradicar las desigualdades estructurales que han limitado el acceso de las mujeres a sus derechos y oportunidades. La Cuarta Transformación ha sentado las bases de un modelo de desarrollo que coloca la igualdad sustantiva de género como un principio rector de la política pública, asegurando que todas las mujeres puedan vivir con dignidad, sin discriminación y libres de violencias. Este eje busca garantizar que las mujeres sean el centro del desarrollo nacional: es tiempo de las mujeres, no solo como beneficiarias de derechos, sino como protagonistas del cambio social, económico y político. Para ello, se impulsan políticas y estrategias que aborden de manera integral las condiciones que perpetúan la desigualdad, con un enfoque interseccional que considere la diversidad de experiencias y realidades de las mujeres a lo largo de su vida, incluyendo a mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, rurales, de la diversidad sexual y en condiciones de pobreza. Erradicar las violencias de género es una prioridad. Se han fortalecido los mecanismos de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres, ampliando la red de refugios, garantizando acceso a la justicia y promoviendo reformas legislativas que combatan la impunidad. La autonomía económica es clave para la igualdad. Se han implementado acciones para reducir la brecha salarial, mejorar las condiciones laborales de las mujeres y aumentar su participación en sectores estratégicos como la ciencia, la tecnología, la industria y el campo. Además, se han impulsado reformas para garantizar que las mujeres tengan acceso a financiamiento, propiedad de la tierra y esquemas de emprendimiento. El reconocimiento y redistribución del trabajo doméstico y de cuidados es fundamental para transformar las condiciones estructurales que limitan la participación de las mujeres en la economía. Para ello, se han diseñado políticas que fomentan la corresponsabilidad social y promueven servicios de cuidado accesibles, como la ampliación de estancias infantiles, centros de cuidados para personas mayores y la profesionalización de quienes desempeñan estas tareas. En el ámbito de la participación política, México ha logrado avances históricos con la paridad en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, es necesario consolidar estos logros y garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos sin obstáculos ni violencia. Por ello, se han reforzado las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género, asegurando que las mujeres tengan un rol activo en la toma de decisiones. La transformación del país requiere una perspectiva de género en las políticas públicas. Para ello, el gobierno ha promovido un enfoque transversal de género en todas sus dependencias y entidades, asegurando que los presupuestos, programas y acciones atiendan las necesidades específicas de las mujeres y contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad. Construir una República de y para las mujeres significa garantizar que ninguna mujer quede atrás. El Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, acceder a oportunidades en igualdad de condiciones y desarrollarse en un entorno de paz, seguridad y bienestar. Esta es una transformación que no solo beneficia a las mujeres, sino que fortalece a toda la sociedad y sienta las bases de un México más justo, equitativo y próspero. Diagnóstico Feminización de la pobreza, desigualdad laboral y salarial Una de las principales barreras que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en México es la pobreza, que afecta a 25 millones de mexicanas. Esta condición es aún más pronunciada en las zonas rurales, donde el 49.7% de las mujeres vive en pobreza, y se agrava cuando se interseca con otras condiciones de vulnerabilidad, como el origen indígena y la residencia rural, alcanzando el 70.1%. La pobreza no solo reduce la autonomía económica de las mujeres, sino que restringe su acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la salud, entre otros, limitando su capacidad de toma de decisiones y participación en la vida política, social y comunitaria. Las brechas de acceso a servicios básicos reflejan las desigualdades estructurales de género. El 40.8% de las mujeres no tiene acceso a servicios de salud, el 49.1% carece de seguridad social y el 21.0% presenta rezago educativo. La falta de acceso a una alimentación suficiente y de calidad también impacta de manera diferenciada a las mujeres, con el 30.3% de las mujeres indígenas en esta condición. Además, las cargas de trabajo no remunerado siguen recayendo de manera desproporcionada en ellas: en los hogares donde es necesario acarrear y almacenar agua, el 64.0% de esta labor es realizada por mujeres. Si bien en 2023 la economía mexicana se ubicó como la décimo primera más grande del mundo, la participación laboral de las mujeres sigue siendo baja. Aunque entre 2018 y 2024 la tasa de participación económica femenina aumentó de 42.7% a 45.9%, la brecha de género persiste, con una diferencia de 30 puntos porcentuales en comparación con los hombres, cuya tasa de participación alcanza el 77%. Esta desigualdad es aún más marcada en el caso de las mujeres adultas mayores, de las cuales solo el 20.2% participa en la economía, frente al 46.5% de los hombres en la misma condición. Además, las mujeres enfrentan mayores tasas de informalidad laboral (55.6%) que los hombres (53.6%), lo que las deja en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social. A pesar de los avances en la reducción de la brecha salarial de género en un 30% gracias a las políticas de incremento al salario mínimo implementadas desde 2018, las mujeres en México siguen ganando en promedio 25.4% menos que los hombres por trabajo de igual valor. Esta diferencia salarial es una de las principales barreras para lograr la igualdad sustantiva. Además, las mujeres trabajan en promedio 7.4 horas menos a la semana en empleos remunerados que los hombres debido a su doble carga laboral, y su representación en puestos directivos sigue siendo marginal. La discriminación en el acceso al empleo y la persistente división sexual del trabajo continúan excluyendo a millones de mujeres del mercado laboral. Seis millones de mujeres mexicanas mayores de 15 años están disponibles para incorporarse a una actividad productiva, pero la mayoría no lo hace debido a estereotipos de género que siguen asignando el trabajo de cuidados y las labores domésticas exclusivamente a ellas. Para garantizar la autonomía económica de las mujeres es fundamental continuar con políticas de empleo y protección social que favorezcan la inclusión laboral femenina, promuevan la equidad salarial y reduzcan las desigualdades en el acceso a oportunidades productivas. Asegurar que las mujeres tengan acceso a un empleo digno, seguridad social y autonomía económica es una condición indispensable para erradicar la pobreza y transformar la estructura de desigualdad que históricamente ha limitado su desarrollo. La construcción de una República de y para las mujeres requiere romper con estos patrones estructurales, garantizando igualdad de condiciones en el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la toma de decisiones, asegurando que el crecimiento económico beneficie de manera equitativa a toda la sociedad. Alta participación de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado Uno de los mayores obstáculos para la igualdad sustantiva es la falta de condiciones para construir una sociedad de cuidados que reconozca, redistribuya y reduzca el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, promoviendo la corresponsabilidad entre familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Actualmente, la distribución de las responsabilidades de cuidado es sumamente desigual, ya que recaen desproporcionadamente en las mujeres y se realizan de manera no remunerada. Además, los servicios de cuidado están concentrados en zonas urbanas, dejando a las comunidades rurales en desventaja y ampliando la brecha entre las familias con mayores y menores recursos. El impacto de esta desigualdad es profundo y medible. En 2023 el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado alcanzó los 8.4 billones de pesos, lo que equivale al 26.4% del PIB nacional, demostrando su peso en la economía del país. Sin embargo, este trabajo sigue sin recibir un reconocimiento formal ni una compensación justa. Las mujeres mexicanas dedican en promedio 39.7 horas semanales a estas actividades, mientras que los hombres dedican menos de la mitad, apenas 15.2 horas. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022, nueve de cada diez personas cuidadoras principales son mujeres, ya sean madres, hermanas, esposas o hijas, lo que suma un total de 19.5 millones de mujeres encargadas de esta labor. La sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados ha contribuido significativamente a la pobreza de tiempo de las mujeres, impidiendo su acceso a oportunidades educativas, laborales y recreativas. Entre 2014 y 2019 la reducción del tiempo dedicado al trabajo no remunerado fue mínima: solo un punto porcentual menos para las mujeres, mientras que los hombres lo disminuyeron en tres puntos porcentuales, reflejando que la carga sigue sin redistribuirse equitativamente. La falta de acceso a servicios de cuidado es otro factor clave. Ocho de cada diez mujeres que trabajan no cuentan con servicios de guardería para sus hijas e hijos, siendo esta carencia aún más grave en sectores como la agricultura, el comercio y los servicios personales. Esto limita su capacidad para integrarse plenamente al mercado laboral y perpetúa la precarización del empleo femenino. Bajos niveles de participación política Las mujeres también enfrentan obstáculos estructurales para ejercer su derecho a la participación política y comunitaria en condiciones de igualdad. Si bien la reforma de Paridad en Todo ha sido un avance clave para garantizar su representación en el poder público, la realidad muestra que aún existen brechas significativas en los espacios de toma de decisiones. La participación de las mujeres en los gobiernos locales sigue siendo baja: en 2024, solo el 29.5% de los municipios y alcaldías estaban encabezados por una mujer. En el Poder Judicial de la Federación, la brecha es también evidente, ya que solo el 31.3% de las magistraturas de circuito y el 43.2% de los juzgados de distrito están ocupados por mujeres. En la APF solo el 36.5% de los puestos directivos son ejercidos por mujeres, lo que muestra que el acceso a espacios de poder y decisión aún enfrenta barreras estructurales. Para lograr una democracia verdaderamente paritaria y una sociedad equitativa, es fundamental fortalecer políticas de conciliación entre la vida laboral y personal, garantizar la redistribución del trabajo de cuidados y eliminar las barreras que impiden que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a los espacios de liderazgo. La construcción de una República de y para las mujeres requiere garantizar su autonomía económica, política y social, asegurando que ninguna mexicana vea limitadas sus oportunidades por su condición de género. Altos niveles de violencia contra las mujeres La discriminación y las desigualdades estructurales de género han impedido que las mujeres ejerzan su derecho a una vida libre de violencias. Las mujeres mexicanas enfrentan violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial en todos los ámbitos de la vida cotidiana: en el hogar, las relaciones sentimentales, la escuela, el trabajo, la comunidad y el entorno digital. A pesar de los avances logrados en los últimos años, las cifras siguen siendo alarmantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, siete de cada diez mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia o discriminación a lo largo de su vida. Las violencias sexual y psicológica han afectado a cinco de cada diez mujeres, mientras que la violencia física y la violencia económica, patrimonial o laboral la han sufrido cuatro y tres de cada diez, respectivamente. La gravedad de esta situación se refleja en los feminicidios y las muertes violentas de mujeres. En 2021 se registraron 1,019 feminicidios, cifra que se redujo a 762 en noviembre de 2024. De igual manera, las muertes violentas de mujeres disminuyeron de 3,769 a 3,171 en el mismo periodo. Sin embargo, aún mueren 2.2 mujeres al día por violencia feminicida y se registran nueve muertes violentas de mujeres diariamente, lo que exige fortalecer las estrategias de prevención, protección y acceso a la justicia. Uno de los mayores desafíos para erradicar las violencias de género es no perpetuar su normalización. En muchos casos, las violencias contra las mujeres siguen silenciadas, minimizadas o justificadas por normas sociales y culturales que perpetúan la impunidad. Según datos de la ENDIREH 2021, nueve de cada diez mujeres que experimentaron violencia física o sexual por parte de su pareja no presentaron una denuncia ni solicitaron apoyo. Las principales razones fueron la percepción de que el hecho no era importante o el miedo a las consecuencias. Este nivel de subregistro y falta de denuncia refleja la desconfianza en las instituciones, la revictimización en los procesos judiciales y la falta de mecanismos efectivos de protección. La ausencia de denuncias impide la persecución del delito y refuerza un círculo de impunidad donde las mujeres siguen desprotegidas. Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, es necesario un cambio profundo y estructural que incluya la implementación de reformas normativas que sancionen con rigor todas las formas de violencia de género y protejan a las víctimas, el acceso a la justicia sin revictimización a través de instituciones especializadas y mecanismos eficaces de prevención y atención, y el fortalecimiento de refugios, fiscalías especializadas y órdenes de protección inmediatas para garantizar la seguridad de las mujeres en riesgo. Además, es indispensable atender las causas estructurales de las violencias mediante el acceso equitativo a oportunidades económicas, educativas y de salud. La transformación cultural también juega un papel clave, con la educación como herramienta fundamental para eliminar estereotipos de género y modificar las normas que perpetúan la violencia. La erradicación de las violencias contra las mujeres no puede quedar relegada a discursos o acciones aisladas; es un imperativo de justicia social que debe traducirse en políticas públicas efectivas, cambios institucionales y una profunda transformación cultural. La construcción de una República de y para las mujeres solo será posible cuando las violencias de género dejen de ser una realidad cotidiana y se garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las mujeres, sin miedo, sin barreras y sin impunidad. Baja tenencia de la propiedad y poco acceso a productos y servicios financieros La falta de acceso a la propiedad y la exclusión de las mujeres en la titularidad de la tierra y los bienes patrimoniales representan barreras estructurales que limitan su autonomía económica y su acceso a oportunidades de desarrollo. En las zonas rurales, la mayoría de las mujeres mexicanas no cuentan con propiedades a su nombre. Según el Registro Agrario Nacional, de las más de cinco millones de personas con calidad ejidataria, posesionaria, comunera o avecindada que poseen un certificado parcelario o de uso común vigente, solo el 27.7% son mujeres. A noviembre de 2024, en los 15,393 núcleos agrarios con órganos de representación, el 76.2% de sus integrantes son hombres y solo el 23.8% mujeres. Este panorama refleja una exclusión histórica en la toma de decisiones sobre la tierra, la producción y los recursos naturales. Para revertir esta desigualdad, es necesario impulsar el reconocimiento de las mujeres como garantes de derechos agrarios, promoviendo su acceso a la titularidad de la tierra, fortaleciendo sus capacidades para su uso y aprovechamiento, y asegurando su acceso a los beneficios sociales y económicos derivados de la propiedad rural. El acceso desigual a la propiedad se extiende también a los servicios financieros y al patrimonio urbano. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 muestra que solo el 42.6% de las mujeres entre 18 y 70 años son titulares de una cuenta de ahorro formal, 13.8 puntos porcentuales menos que los hombres, lo que representa un retroceso en comparación con 2015. A pesar de que las mujeres tienen mejores historiales de pago y tasas de morosidad más bajas, solo el 31.7% tiene acceso a crédito formal, ya que con frecuencia carecen de activos o propiedades que puedan ofrecer como garantía. Esta situación restringe su capacidad para emprender negocios, invertir en su educación o en su bienestar familiar. La brecha en la propiedad de vivienda también es significativa: según datos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en 2021 solo el 34.9% de las 24 millones de viviendas particulares en el país estaban a nombre de mujeres, reflejando la falta de mecanismos que garanticen su acceso a un patrimonio propio. Las consecuencias de esta desigualdad patrimonial afectan directamente la estabilidad económica y el bienestar de las mujeres. La Encuesta Nacional de Salud Financiera 2023 señala que el 42.2% de las mujeres mayores de 18 años experimentan estrés financiero, definido como un estado de preocupación y ansiedad ante dificultades económicas. Esta condición se agrava por la falta de acceso a recursos financieros, ingresos propios y redes de apoyo que les permitan afrontar imprevistos o planificar su futuro con seguridad. Garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres es una responsabilidad del Estado. Esto implica la creación de políticas públicas que faciliten su acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda, así como la ampliación de esquemas de financiamiento y crédito que eliminen las barreras que han restringido su inclusión económica. También es fundamental avanzar en la protección de sus derechos patrimoniales y en la promoción de mecanismos que les permitan heredar, administrar y disponer libremente de sus bienes. Mejorar las condiciones de vida de las mujeres y su acceso a recursos económicos y productivos no solo es una cuestión de justicia social, sino una estrategia clave para construir una sociedad más equitativa, con mayores oportunidades de desarrollo para todas y todos. EJE TRANSVERSAL 2 INNOVACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO NACIONAL Con el fin de contribuir al desarrollo económico y social de México, este Eje tiene como objetivo dotar al Estado mexicano de capacidades físicas, tecnológicas y humanas para modernizar las funciones del Gobierno en sus tres niveles. Esto implica una transformación digital que simplifique y optimice los trámites gubernamentales, mejorando la calidad de los servicios tanto para la ciudadanía como para las empresas. La digitalización permitirá no solo una mejora en la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos, sino también un ahorro significativo de tiempo y recursos, todo ello en un marco de transparencia y eficacia en la gestión pública. En línea con la visión de esta administración, se subraya la importancia de generar autonomía tecnológica a través del desarrollo de soluciones propias que reduzcan la dependencia externa, fortaleciendo la soberanía digital del país. Esta estrategia también busca unificar las capacidades tecnológicas entre los distintos niveles de gobierno, asegurando una mayor coordinación, interoperabilidad y eficiencia en los servicios ofrecidos a la población. Al mismo tiempo, se trabajará en simplificar los trámites y servicios públicos, brindando a la ciudadanía la posibilidad de realizar estos procesos de manera rápida y accesible, desde cualquier lugar, utilizando plataformas digitales intuitivas y seguras. Se fomentará la creación de una infraestructura tecnológica que permita la integración de servicios, asegurando que la tecnología sea una herramienta al alcance de todos, sin importar su ubicación geográfica o nivel socioeconómico. El fortalecimiento de la ciberseguridad será otro pilar fundamental. Se implementarán medidas estrictas para proteger los datos de la ciudadanía y garantizar la seguridad de los sistemas gubernamentales. La protección de la información será prioritaria, dado su valor estratégico para el desarrollo del país y para asegurar la confianza en las instituciones públicas. Finalmente, el uso de herramientas digitales no solo permitirá reducir costos y tiempos en la APF, sino que también permitirá combatir prácticas de corrupción y opacidad, contribuyendo a la creación de un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la gente. A través de estas acciones se busca construir un gobierno del futuro, capaz de aprovechar las herramientas tecnológicas para lograr un desarrollo nacional inclusivo y sostenible, promoviendo la equidad en el acceso a servicios públicos y la participación activa de la sociedad en la vida democrática. Diagnóstico México ha avanzado significativamente en la adopción de un gobierno electrónico, lo que ha permitido mejorar la interacción con la ciudadanía a través de internet. En 2023 el 47.9% de la población de 18 años y más interactuó con el gobierno digitalmente, destacando que el 22.9% realizó trámites, pagos o servicios, y el 25.5% llenó o envió en línea formularios para gestionar trámites. Esta tendencia refleja una demanda creciente por parte de la ciudadanía para interactuar con el gobierno de manera digital, valorando los beneficios de la eficiencia y el ahorro de tiempo que ofrece. Sin embargo, a pesar de estos avances, México enfrenta importantes retos en la adopción e integración de un gobierno electrónico que simplifique y optimice la provisión de servicios públicos. De acuerdo con el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, México ocupó la posición 65 de 193 economías en 2024, lo que refleja la necesidad de continuar avanzando hacia un gobierno electrónico plenamente integrado. A pesar de contar con diversas plataformas para la autenticación y provisión de servicios, actualmente no existe una identidad digital unificada para los ciudadanos, lo que genera una experiencia fragmentada en la gestión de trámites y servicios. Además, aún persisten localidades sin acceso a internet y una falta de conectividad en muchos espacios públicos, como tele-escuelas, centros educativos y establecimientos de salud, lo que limita el acceso equitativo a servicios digitales. En el ámbito empresarial, México ha logrado avances importantes en la reducción de los tiempos para que las empresas inicien operaciones, con un promedio de 82 días para obtener permisos y autorizaciones, lo que coloca al país en una posición favorable en América Latina. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la simplificación regulatoria, que es clave para detonar la competitividad y la productividad nacional. En 2020 el costo del cumplimiento de las regulaciones para las empresas ascendió a 239 mil millones de pesos, lo que representa un 1% del PIB. A pesar de que existen más de 7 mil trámites en la APF, muchos de estos son innecesarios, con tiempos de respuesta largos, requisitos excesivos y procedimientos intermedios que favorecen la corrupción. La dispersión y falta de claridad en la atención ciudadana también representan un reto significativo, ya que los 23 centros de atención telefónica del Gobierno Federal ofrecen información fragmentada, lo que dificulta una atención eficiente y de calidad. Ante este panorama, se requiere unificar las capacidades tecnológicas del Gobierno Federal para aprovechar las soluciones tecnológicas en beneficio de la ciudadanía. Esto incluye la capacitación de las personas servidoras públicas en áreas como tecnologías de la información, desarrollo de software y ciberseguridad, para optimizar los servicios y mejorar el diseño de políticas públicas mediante el uso de herramientas analíticas como la inteligencia artificial. Además, es crucial optimizar la infraestructura tecnológica del Gobierno, actualmente fragmentada y administrada por entes privados, lo que genera altos costos y limita la autonomía operativa. También se debe fortalecer el marco normativo en ciberseguridad para proteger la información ante amenazas cibernéticas. Finalmente, se debe renovar y ampliar la red de satélites geoestacionarios y de observación para garantizar la conectividad en áreas remotas, permitiendo ofrecer servicios críticos y optimizando la infraestructura de comunicación en todo el país. Con la implementación de estas medidas, México podrá avanzar hacia un gobierno más eficiente, transparente y accesible, que aproveche las tecnologías digitales para transformar la administración pública, mejorar el acceso a servicios y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. EJE TRANSVERSAL 3 DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS México es una Nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe, sustentada en la presencia activa de los pueblos y comunidades indígenas, quienes, como primeros habitantes del territorio, han jugado un papel fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional. A lo largo de la historia, han contribuido significativamente a los procesos emancipatorios que dieron origen a la Nación, aportando una cosmovisión que ha enriquecido el país. De acuerdo con el artículo 2o. de la CPEUM, el Estado debe reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a su libre determinación y autonomía. Esto incluye el respeto a su diversidad cultural, social, étnica y lingüística, así como su derecho a la consulta previa sobre decisiones que afecten sus territorios y recursos. Además, el Estado debe promover su autonomía en la gestión de sus sistemas normativos y recursos naturales, respetando sus formas de organización social y gobierno. Es fundamental erradicar la discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, garantizando su acceso a derechos y oportunidades en igualdad de condiciones. Esto también implica fortalecer su identidad cultural y fomentar su desarrollo social, económico y político bajo los principios de justicia e inclusión. El Estado mexicano debe impulsar políticas públicas que reconozcan y valoren la riqueza cultural de los pueblos originarios, asegurando su bienestar y participando activamente en los procesos de toma de decisiones. Esto implica garantizar su acceso a servicios básicos como educación, salud y justicia, respetando su identidad y formas de vida. La autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas debe ser un principio fundamental en todas las políticas, asegurando su desarrollo en un marco de igualdad, justicia y respeto mutuo. Diagnóstico En el actual proceso de transformación nacional, reconocer y fortalecer las contribuciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es un paso fundamental para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y equitativa. Estos pueblos, que constituyen los primeros habitantes del país, han sido parte esencial de la construcción de la identidad nacional y de los procesos que dieron lugar a la creación de la Nación. Sin embargo, a pesar de sus significativas aportaciones, enfrentan profundas desigualdades estructurales, exclusión y discriminación que limitan su participación plena en los ámbitos político, social, económico y cultural. México, siendo el país con la mayor población indígena del continente americano, tiene 68 pueblos y comunidades indígenas reconocidas, y la población hablante de lenguas indígenas representa una parte significativa de la población nacional. Sin embargo, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas siguen siendo las más afectadas por la pobreza, con altas tasas de marginación y dificultades para acceder a servicios básicos como salud, educación, vivienda adecuada y otros derechos fundamentales. En 2023, la situación de pobreza multidimensional en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sigue siendo un desafío significativo, con un número considerable de personas enfrentando condiciones de pobreza extrema. La falta de acceso a servicios de calidad y las barreras que enfrentan en términos de participación política y social perpetúan la discriminación y marginación de estos pueblos. A pesar de los esfuerzos de políticas públicas, la brecha en educación y empleo sigue siendo un desafío crítico. Las mujeres indígenas, y afromexicanas, en particular, enfrentan una mayor exclusión, con tasas más bajas de participación laboral y acceso a la educación. La situación se ve agravada por conflictos territoriales, desplazamientos forzosos y violencia en sus comunidades. Reconocer los derechos inalienables de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, incluyendo su libre determinación y autonomía, es esencial para darles la oportunidad de ser los protagonistas de su propio desarrollo. La reforma constitucional de 2024, que otorga a estos pueblos su carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, representa un avance significativo. Esta reforma establece un régimen constitucional de libre determinación y autonomía que debe ser implementado en diversos niveles, garantizando el bienestar integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La implementación efectiva de esta reforma es un reto para la administración actual, que ha delineado una ruta integral que incluye la traducción de la reforma a las 68 lenguas indígenas, la creación de leyes secundarias y la armonización de las constituciones estatales. Es fundamental que todas las instancias del gobierno y la sociedad se comprometan con esta tarea, garantizando que las políticas públicas respondan a las necesidades locales y respeten las cosmovisiones, valores y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Un componente clave de este proceso es la creación de la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que asegura la implementación de 17 planes en 12 estados de la República, beneficiando a 26 pueblos y comunidades indígenas. Además, el fortalecimiento del desarrollo regional debe ir de la mano con la creación de políticas públicas adaptadas a las particularidades de cada comunidad, lo que permitirá un desarrollo integral, intercultural y sostenible, basado en la autonomía y el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Es necesario que el Gobierno de México asegure que los recursos presupuestales sean dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, permitiendo su desarrollo y fortalecimiento a través de la gestión directa. Solo así se podrá garantizar un país justo, inclusivo y respetuoso de la diversidad, en el que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas jueguen un papel activo y fundamental en el desarrollo social, económico y cultural de la Nación. Rumbo al futuro: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS Derivado de los diagnósticos presentados en líneas anteriores, se plantean los siguientes objetivos y estrategias de políticas públicas a implementar por el Gobierno de México en el periodo 2025-2030: Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana
Eje General 2: Desarrollo con bienestar y humanismo
Eje General 3: Economía moral y trabajo
Eje General 4: Desarrollo sustentable
Eje Transversal 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
Eje Transversal 2: Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
Eje Transversal 3: Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
Medición del progreso: INDICADORES DE SEGUIMIENTO Con el propósito de ofrecer a la ciudadanía parámetros claros y objetivos sobre el avance en el logro de los objetivos integrados en el presente PND 2025-2030, en cumplimiento de lo señalado en la fracción V del artículo 21 Ter de la Ley de Planeación, a continuación, se encuentran los indicadores de desempeño y sus metas para el año 2030. Eje General 1 Gobernanza con justicia y participación ciudadana Objetivo 1.1: Promover y fortalecer el desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa. Indicador 1.1 Porcentaje de la población que se organiza para resolver problemas públicos. Descripción: Mide el porcentaje de población que reportó haberse organizado para resolver problemas públicos de su comunidad. ¿Cómo se mide?  PPORPP: Porcentaje de la población que se organiza para resolver problemas públicos. %PRR: Porcentaje de personas de 18 años y más que reportan robo y se organizó con sus vecinos para resolverlo. %PRFA Porcentaje de personas de 18 años y más que reportan falta de alumbrado y se organizó con sus vecinos para resolverlo. %PRBFA Porcentaje de personas de 18 años y más que reportan baches o fugas de agua y se organizó con sus vecinos para resolverlo. %PRFAG Porcentaje de personas de 18 años y más que reportan falta de agua y se organizó con sus vecinos para resolverlo. %PRDCE Porcentaje de personas de 18 años y más que reportan delincuencia cerca de las escuelas y se organizó con sus vecinos para resolverlo. %PRPV Porcentaje de personas de 18 años y más que reportan pandillerismo violento y se organizó con sus vecinos para resolverlo. Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: ENVIPE, INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Gobernación (SEGOB). Objetivo 1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación. Indicador 1.2 Tasa de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos por cada cien mil personas, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Descripción: El indicador mide la cantidad de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados en los expedientes de queja calificados durante el año como presuntamente violatorios de derechos humanos, en la CNDH respecto la población a mitad del año. ¿Cómo se mide?  THPVDH: Tasa de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. HPVDH: Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados en los expedientes de queja calificados durante el año como presuntamente violatorios por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. PMA: Población a mitad del año. Unidad de medida: Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos por cada cien mil habitantes. Periodicidad: Anual.
*/ El valor 2024 se publicará en el mes de marzo de 2025. Fuente: Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal, INEGI. Responsable de reportar el avance: SEGOB. Objetivo 1.3: Erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones. Indicador 1.3 Nivel de confianza en las instituciones del Gobierno Federal. Descripción: Mide el porcentaje de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más que les inspira mucha o algo de confianza las instituciones del Gobierno Federal. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Bienal.
*/ Dado que la periodicidad del indicador es bienal, el último avance dentro de la administración 2024-2030 será el observado en 2029. Fuente: ENCIG, INEGI. Responsable de reportar el avance: SABG. Objetivo 1.4: Asegurar el uso honesto, responsable y eficiente de los recursos públicos bajo los principios de austeridad republicana, mientras se fortalecen los ingresos del sector público. Indicador 1.4.1 Ingresos tributarios como porcentaje del PIB. Descripción: Mide la proporción que representan los ingresos tributarios netos del año de referencia respecto al PIB del país para ese mismo año. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Indicador 1.4.2 Eficacia en la ejecución del gasto programable. Descripción: Mide el porcentaje promedio de cumplimiento reportado en los indicadores del nivel fin de las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de los Ramos Administrativos, Entidades de Control Directo y Empresas Públicas del Estado. ¿Cómo se mide?  PCINF: Promedio de Cumplimiento Indicadores Nivel Fin. SPAINF: Sumatoria del Porcentaje de Avances de Indicadores a nivel Fin de los Programas presupuestarios de los Ramos Administrativos, Entidades de Control Directo y Empresas Públicas del Estado. TINF: Total de indicadores a nivel Fin de los Programas presupuestarios de los Ramos Administrativos, Entidades de Control Directo y Empresas Públicas del Estado. Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Módulo de Cuenta Pública del Portal Aplicativo de la SHCP. Responsable de reportar el avance: SHCP. Objetivo 1.5: Garantizar la seguridad pública y fortalecer un entorno de paz mediante acciones eficaces de prevención, justicia y proximidad social. Indicador 1.5 Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes. Descripción: Representa el total de delitos durante el año en la entidad federativa de ocurrencia respecto a la población de 18 años y más, multiplicada por cien mil habitantes, a nivel nacional. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Casos por cada 100 mil habitantes. Periodicidad: Anual.
Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Objetivo 1.6: Proteger la seguridad nacional, la defensa y la soberanía del territorio mexicano y sus zonas marinas, fortaleciendo la cooperación internacional. Indicador 1.6 Nivel de percepción de confianza en las autoridades. Descripción: Población de 18 años o más a nivel nacional que identifica a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional y les inspira confianza mucho o algo de confianza. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: ENVIPE, INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional. Objetivo 1.7: Fortalecer las relaciones internacionales de México con base en los principios constitucionales de política exterior, garantizando la defensa de la soberanía, los intereses nacionales y el compromiso con la paz, el derecho internacional, los derechos humanos, la igualdad sustantiva y un orden global justo y equitativo. Indicador 1.7.1 Porcentaje de acuerdos de colaboración y promoción en beneficio del desarrollo nacional concertados por representantes de alto nivel. Descripción: Mide la cantidad de acuerdos de colaboración y promoción en temas clave como paz, seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos durante la participación en foros, organismos, conferencias, comités, grupos de trabajo y mecanismos de cooperación internacional, orientados a contribuir a la construcción de un país con bienestar, alcanzados mediante acuerdos políticos convenidos por los representantes de alto nivel nacionales e internacionales. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Archivos que obren en las Subsecretarías de Relaciones Exteriores; para América Latina y del Caribe, así como en la Jefatura de Unidad para América del Norte, SRE. Responsable de reportar el avance: SRE. Indicador 1.7.2 Servicios consulares otorgados a la comunidad mexicana en el exterior. Descripción: Número de servicios consulares otorgados en beneficio de la comunidad mexicana en el exterior. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Número de servicios. Periodicidad: Anual.
*/ El número de servicios reportado en el valor de la meta corresponde al resultado acumulado programado al 2030. Fuente: Programa de trabajo de la Dirección General de Servicios Consulares y Módulo de Recaudación Consular, SRE. Responsable de reportar el avance: SRE. Eje General 2 Desarrollo con bienestar y humanismo Objetivo 2.1: Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Indicador 2.1 Número de personas que reciben apoyo de programas para el Bienestar. Descripción: Mide el número de personas que son apoyadas mediante los programas para el bienestar, a cargo de la Secretaría de Bienestar. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Personas. Periodicidad: Anual.
Fuente: Padrón de beneficiarios de los Programas para el Bienestar, Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN). Responsable de reportar el avance: SEBIEN. Objetivo 2.2: Brindar atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad en el territorio nacional, afectadas por emergencias derivadas de fenómenos sociales o naturales, garantizando su bienestar y derechos sociales con un enfoque humanista, empático y solidario. Indicador 2.2 Porcentaje de personas afectadas por una emergencia social o natural atendidas por el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural con apoyos económicos y/o en especie Descripción: El indicador mide el porcentaje de personas afectadas por una emergencia social o natural atendidas por el Programa con apoyos respecto a la población objetivo. ¿Cómo se mide?  PPAESN: Porcentaje de personas afectadas por una emergencia social o natural atendidas por el programa con apoyos económicos y en especie. PAP: Número de personas afectadas por una emergencia social o natural atendidas por el programa con apoyos económicos y en especie. PO: Población objetivo. Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, SEBIEN. Responsable de reportar el avance: SEBIEN. Objetivo 2.3: Garantizar el ejercicio pleno del derecho a una educación inclusiva y equitativa para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, promoviendo una formación humanista, científica, intercultural, plurilingüe e integral que mejore el bienestar de la población e impulse el desarrollo del país. Indicador 2.3 Tasa bruta de escolarización. Descripción: Mide el número total de alumnos matriculados en un tipo educativo determinado al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Ciclo escolar.
Fuente: Dirección General de Planeación, Programación, Estadística Educativa y Formato 911, SEP. Proyecciones de población a mitad de año, Consejo Nacional de Población (CONAPO). Responsable de reportar el avance: SEP. Objetivo 2.4: Impulsar el desarrollo científico y tecnológico a través de la educación, formación y capacitación para el trabajo, garantizando servicios innovadores, pertinentes y actualizados que mejoren el bienestar y la calidad de vida de todas las personas. Indicador 2.4 Tasa de variación en las patentes otorgadas a titulares mexicanos. Descripción: El indicador mide la variación en las patentes otorgadas a titulares mexicanos respecto el año anterior. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), SE. Responsable de reportar el avance: SE. Objetivo 2.5: Garantizar el derecho a la cultura con enfoques de participación e inclusión, respetando la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. Indicador 2.5.1 Porcentaje de personas de 18 años y más que asistieron al menos a un evento o espectáculo cultural seleccionado en el último año. Descripción: Mide la proporción de la población de 18 años y más que ha asistido al menos una vez a un evento o espectáculo cultural seleccionado (proyección de película o cine, concierto o presentación de música, exposición, obra de teatro y espectáculo de danza) en el último año, reflejando el acceso y participación de la ciudadanía en actividades culturales. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje Periodicidad: Anual.
Fuente: Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados, INEGI. Responsable de reportar el avance: CULTURA. Indicador 2.5.2 Crecimiento real del valor agregado bruto del sector de la cultura. Descripción: Mide la dinámica de la actividad económica del sector de la cultura respecto al año anterior, a fin de apoyar la política económica y del sector, así como la toma de decisiones de los diversos actores económicos. ¿Cómo se mide?  Unidad de Medida: Variación porcentual anual. Periodicidad: Anual.
Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura de México, INEGI. Responsable de Reportar el Avance: CULTURA. Objetivo 2.6: Fortalecer el vínculo entre educación y cultura desde la infancia, asegurando el acceso a procesos de iniciación y apreciación artística y lectora que refuercen las identidades y memorias individuales y comunitarias, como base fundamental de nuestra diversidad cultural. Indicador 2.6 Número de asistentes en acciones de capacitación, fomento a la lectura, servicios bibliotecarios y matrícula en escuelas del sector cultura. Descripción: Mide la cantidad de asistentes a las acciones de capacitación, fomento a la lectura, servicios bibliotecarios y matrícula en escuelas del sector cultura. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Asistentes. Periodicidad: Anual.
*/ La información definitiva de 2024 se obtendrá hasta el cierre de Cuenta Pública. Fuente: SISC, CULTURA. Responsable de reportar el avance: CULTURA. Objetivo 2.7: Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población. Indicador 2.7.1 Porcentaje de población con carencia de acceso a los servicios de salud. Descripción: El indicador mide la proporción de población que presenta alguna barrera económica, geográfica o cultural para acceder a los servicios de salud con respecto al total de la población. ¿Cómo se mide?  %PCASS: Porcentaje de población con carencia de acceso a los servicios de salud. PSA: Personas en situación de carencia de acceso a los servicios de salud. PT: Población total. Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Bienal.
Fuente: ENIGH, INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Salud (SSA). Indicador 2.7.2 Porcentaje de surtimiento completo de recetas. Descripción: El indicador mide la proporción de población que presenta alguna barrera económica, geográfica o cultural para acceder a los servicios de salud con respecto al total de la población. ¿Cómo se mide?  %SCR: Porcentaje de surtimiento completo de recetas. PETM: Número de pacientes a los que se entregó la totalidad de los medicamentos marcados en su receta. PERM: Total de pacientes encuestados con receta médica. Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, INEGI. Responsable de reportar el avance: SSA. Objetivo 2.8: Fomentar la investigación e innovación en salud para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud mexicano, asegurando eficiencia y eficacia, con un enfoque prioritario en las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Indicador 2.8 Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel. Descripción: Proporción de profesionales de la salud de alto nivel (con nombramiento vigente de investigador en Ciencias Médicas de las categorías D-E-F-Eméritos) del Sistema Institucional de Investigadores (SII), más otros investigadores que colaboren con la institución, que sean miembros vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y Eméritos) y que no tengan nombramiento de investigador del SII. ¿Cómo se mide?  PIIAN: Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel. PSNVIt: Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de investigador en Ciencias Médicas de las categorías D-E-F-Eméritos del SII más investigadores vigentes en el SNI (Niveles 2 a 3 y Eméritos) en el año actual. TIt: Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual. Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Dirección General de Políticas de Investigación en Salud (DGPIS), SSA. Responsable de reportar el avance: SSA. Objetivo 2.9: Garantizar el derecho a una vivienda adecuada y sustentable que mejore la calidad de vida de la población mexicana, contribuyendo a cerrar las brechas de desigualdad social y territorial. Indicador 2.9.1 Déficit de vivienda a nivel nacional. Descripción: Mide el porcentaje de hogares con déficit tanto cualitativo como cuantitativo de vivienda, a través de la estimación del rezago habitacional y la necesidad de vivienda. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Bienal.
Fuente: ENIGH, INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). Indicador 2.9.2 Avance en la construcción de un millón de viviendas. Descripción: Mide el avance de viviendas acumuladas terminadas o en proceso de construcción respecto al compromiso presidencial. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Viviendas. Periodicidad: Anual.
Fuente: Registros administrativos del INFONAVIT y Registros administrativos de la CONAVI. Responsable de reportar el avance: SEDATU. Objetivo 2.10: Promover entornos públicos justos y adaptativos mediante la planificación de espacios rurales y urbanos, con el objetivo de reducir las disparidades en el acceso a oportunidades y servicios entre diferentes regiones y comunidades del país. Indicador 2.10 Porcentaje de Entidades Federativas con instrumentos de planeación publicados con posterioridad a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). Descripción: Porcentaje de Entidades Federativas con instrumentos de planeación publicados con posterioridad a la LGAHOTDU. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Periódicos Oficiales de las entidades del país. INEGI. Responsable de reportar el avance: SEDATU. Eje General 3 Economía moral y trabajo Objetivo 3.1: Dignificar la remuneración laboral de las personas trabajadoras, especialmente aquellas de familias vulnerables, garantizando salarios justos. Indicador 3.1 Número de canastas básicas que puede adquirir el salario mínimo. Descripción: Mide el número de canastas básicas (alimentaria y no alimentaria urbana) que pueden ser adquiridas con un salario mínimo. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Canastas básicas. Periodicidad: Anual.
Nota: El CONEVAL ha calculado el valor mensual de las canastas multiplicando por 30 el valor monetario diario. Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Objetivo 3.2: Promover el trabajo digno para todas las personas en edad laboral, especialmente para los grupos históricamente vulnerados, facilitando su inserción en empleos alineados con las vocaciones económicas de los mercados laborales regionales y locales. Indicador 3.2 Tasa de informalidad laboral. Descripción: Mide el porcentaje de la población de 15 años y más que se encuentran empleados en el sector informal de la economía. Para su cálculo se promedia la tasa de informalidad laboral de los cuatro trimestres de un año. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
*/ Al momento del cálculo de la línea base, el valor del cuarto trimestre de 2024 no se encontraba disponible, por lo que únicamente se promediaron los primeros tres trimestres 2024. Fuente: Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI. Responsable de reportar el avance: STPS. Objetivo 3.3: Dignificar las pensiones aumentando la inclusión, cobertura y rentabilidad de los ahorros, fortaleciendo el Sistema de Ahorro para el Retiro. Indicador 3.3.1 Tasa de reemplazo promedio. Descripción: Mide la relación de las tasas de reemplazo obtenidas en el año de estudio, considerando el Fondo de Pensiones para el Bienestar, respecto al número de trabajadores con derecho a pensión bajo las condiciones de la Ley del IMSS de 1997. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Responsable de reportar el avance: CONSAR. Indicador 3.3.2 Cobertura del Sistema de Ahorro para el Retiro. Descripción: Mide el porcentaje de trabajadores que se registraron en una Afore (trabajadores que firmaron un contrato con un Afore para que administren los recursos de su cuenta individual, incluye trabajadores con Afore y PENSIONISSSTE) respecto del total de trabajadores del sector formal e informal (se refiere a la población ocupada indicada por la ENOE). ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: CONSAR, ENOE, INEGI. Responsable de reportar el avance: CONSAR. Objetivo 3.4: Fortalecer la soberanía alimentaria para garantizar el derecho del pueblo de México a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles para todos. Indicador 3.4 Índice de producción para el consumo interno. Descripción: Mide la sumatoria del índice de producción de los principales productos estratégicos (tortilla de maíz, azúcar, frijol, pan blanco, arroz, café soluble, leche pasteurizada y fresca, huevo, carne de res, pollo, carne de cerdo y pescado) para el consumo humano contemplados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). ¿Cómo se mide?  ICPPE: Índice compuesto ponderado de producción de productos estratégicos. IP_i: Índice del producto i, que mide los niveles de producción con base 2023 = 100. PP_i: Ponderador del producto i, genérico del INPC reponderado. Unidad de medida: Puntos índice. Periodicidad: Anual.
Fuente: Datos del cierre de la producción anual Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Ponderadores del INPC(1) /, INEGI. Responsable de reportar el avance: SADER. Objetivo 3.5: Contribuir al bienestar y la inclusión social de la población rural, enfocándose en micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, así como en las personas jornaleras, mediante acciones que mejoren sus ingresos. Indicador 3.5 Ingreso promedio real trimestral por hogar en actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras en los hogares de bajos ingresos en localidades rurales. Descripción: Mide el ingreso real trimestral promedio agropecuario, pesquero y acuícola por hogar en los tres deciles de menores ingresos en localidades rurales. ¿Cómo se mide?  IPHR: Ingreso promedio real trimestral por hogar en actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras en los hogares de bajos ingresos en localidades rurales. IA_i: Ingreso trimestral por sueldos, salarios, jornales y trabajo a destajo, así como por negocios agropecuarios, acuícolas y pesqueros del hogar i, perteneciente a los tres deciles más bajos de ingreso en localidades rurales. N: Hogares en localidades rurales pertenecientes a los tres primeros deciles de menor ingreso y que se dedican a actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras. Unidad de medida: Pesos mexicanos. Periodicidad: Bienal.
Fuente: ENIGH, INEGI. Responsable de reportar el avance: SADER. Objetivo 3.6: Fortalecer la producción, el desarrollo y la tecnificación del campo mexicano, enfocándose en los pequeños y medianos productores, mediante el uso sostenible de los recursos naturales y la provisión de servicios públicos de calidad. Indicador 3.6 Productividad laboral de cultivos estratégicos. Descripción: Mide la relación del volumen de la producción de los cultivos estratégicos contemplados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable respecto al número de personas trabajadoras en el sector agropecuario, pesquero-acuícola. ¿Cómo se mide?  PLCE: Productividad laboral de cultivos estratégicos. VP: Volumen de la producción de los cultivos estratégicos de consumo humano contemplados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el año actual. (Arroz, frijol, maíz grano blanco, trigo grano, caña de azúcar y café cereza). NTSA: Número de personas trabajadoras en el sector agropecuario, pesquero-acuícola. Unidad de medida: Toneladas/personas. Periodicidad: Anual.
Fuente: SIAP, SADER. ENOE, INEGI. Responsable de reportar el avance: AGRICULTURA. Objetivo 3.7: Mejorar la movilidad de personas y mercancías en todo el territorio nacional y transfronterizo, incrementando la competitividad del país mediante la consolidación de una red intermodal de infraestructura para un transporte eficiente, sostenible y seguro. Indicador 3.7.1 Pasajeros transportados por vía aérea y terrestre. Descripción: Mide el número de pasajeros transportados por vía aérea y terrestre (autotransporte federal y ferrocarril). ¿Cómo se mide?  TPTVA: Total de pasajeros transportados vía aérea. PTVA: Pasajeros transportados por vía aérea  TPTVA: Total de pasajeros transportados vía terrestre. PTVT: Pasajeros transportados por vía terrestre (autotransporte federal y ferrocarril) Unidad de medida: Millones de pasajeros. Periodicidad: Anual.
Fuente: Anuario Estadístico, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Responsable de reportar el avance: SICT. Indicador 3.7.2 Carga transportada por vía aérea y terrestre. Descripción: Mide el total de la carga movilizada por vía aérea y terrestre (autotransporte federal y ferrocarril). ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Miles de toneladas. Periodicidad: Anual.
Fuente: Anuario Estadístico, SICT. Responsable de reportar el avance: SICT. Objetivo 3.8: Garantizar el acceso efectivo a telecomunicaciones e internet mediante el despliegue de infraestructura adecuada y la provisión de servicios de conectividad accesibles, eficientes y de calidad para toda la población. Indicador 3.8 Población con acceso a internet. Descripción: Mide la relación de la población usuaria de internet respecto del total de la población. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Encuesta Anual sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), INEGI. Responsable de reportar el avance: ATDT. Objetivo 3.9: Impulsar el crecimiento y desarrollo económico equilibrado entre todas las regiones del país con respeto a su diversidad para crear prosperidad compartida. Indicador 3.9 Brecha regional de crecimiento económico. Descripción: Mide la diferencia entre la región de mayor concentración de PIB Estatal y la región con menor concentración. Las regiones se componen de la siguiente manera: · Noreste: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. · Centro-Este: Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. · Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Sonora · Centro-Oeste: Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. · Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Millones de pesos a precios de 2018. Periodicidad: Anual.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Economía (SE). Objetivo 3.10: Promover el desarrollo de las cadenas de proveeduría para aumentar el contenido nacional en las fases productivas, con un enfoque especial en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Indicador 3.10 Participación del contenido nacional de las exportaciones globales en la producción manufacturera total. Descripción: Mide el grado de participación de los insumos, componentes y trabajo nacional en los productos que se manufacturan en México derivado del desarrollo de cadenas de proveeduría. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: SCNM, INEGI. Responsable de reportar el avance: SE. Objetivo 3.11: Fomentar el desarrollo turístico para promover un crecimiento regional y comunitario sostenible, garantizando una distribución equitativa de sus beneficios. Indicador 3.11 PIB Turístico. Descripción: Mide el volumen del Producto Interno Bruto Turístico. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Millones de pesos a precios corrientes. Periodicidad: Anual.
*/ Al momento del cálculo de la línea base, la información definitiva más reciente era de 2021. Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de México del SCNM, INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Turismo. Eje General 4 Desarrollo sustentable Objetivo 4.1: Fortalecer la seguridad y la soberanía energética, promoviendo la autosuficiencia con un enfoque sustentable que garantice el acceso equitativo a la energía y reduzca la dependencia del exterior. Indicador 4.1 Índice de independencia energética. Descripción: Mide el grado en que el consumo nacional de energía es cubierto con producción nacional. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Índice. Periodicidad: Anual.
*/ Al momento de la elaboración del indicador, el valor de 2022 era el más reciente. **/ Nota de INEGI: La información está sujeta a actualizaciones y revisiones por parte de las instancias que proporcionan la información, por lo que las cifras pueden no coincidir con reportes de años anteriores. Fuente: SNIEG, INEGI. Responsable de reportar el avance: Secretaría de Energía (SENER). Objetivo 4.2: Impulsar proyectos estratégicos de energías limpias, modernizar la infraestructura eléctrica y fomentar la innovación tecnológica para reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitigar el impacto ambiental. Indicador 4.2 Participación de fuentes renovables y alternas en la producción nacional de energía. Descripción: Mide la proporción de energías renovables y alternas (hidroenergía, geoenergía, nucleoenergía, energía eólica, biogás, energía solar, bagazo de caña y leña) respecto el total de la producción nacional de energía. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
*/ Al momento de la elaboración del indicador, el valor de 2022 era el más reciente. **/ Nota del INEGI: La información está sujeta a actualizaciones y revisiones por parte de las instancias que proporcionan la información, por lo que las cifras pueden no coincidir con reportes de años anteriores. Fuente: SNIEG, INEGI. Responsable de reportar el avance: SENER. Objetivo 4.3: Reducir las emisiones contaminantes y fortalecer la resiliencia climática mediante la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales en la salud y los ecosistemas. Indicador 4.3.1 Emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Descripción: Mide las emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero con información del INEGyCEI(2) / a nivel nacional. ¿Cómo se mide?  GEI netas: Gases de Efecto Invernadero netas. EbGEI: Emisiones brutas de Gases de Efecto Invernadero con información del INEGyCEI. AGEI: Absorciones o captura (con signo negativo) de Gases de Efecto Invernadero con información del INEGyCEI. Unidad de medida: Millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e). Periodicidad: Anual.
*/ El valor del 2024 es un dato proyectado. El valor absoluto de las emisiones netas del INEGyCEI es del 2022 de 569 MtCO2e. **/ El valor del 2030 es el dato del cumplimiento de la mitigación del 35% de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de México en términos de la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMARNAT. Indicador 4.3.2 Emisión de partículas de la industria de jurisdicción nacional. Descripción: El indicador mide las emisiones de partículas reducidas en la industria de jurisdicción nacional. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Toneladas. Periodicidad: Anual.
*/ El valor de la meta 2030 corresponde a una reducción de 30 por ciento respecto del valor de línea base. Fuente: Cédula de Operación Anual, SEMARNAT. Responsable de reportar el avance: SEMARNAT. Objetivo 4.4: Garantizar el acceso equitativo a la energía para las poblaciones y regiones con problemas de suministro, promoviendo su inclusión e integración al desarrollo energético sustentable. Indicador 4.4 Grado de electrificación en localidades de menos de 2,500 habitantes. Descripción: Mide el porcentaje de electrificación en localidades de menos de 2,500 habitantes. ¿Cómo se mide?  GELM2500: Grado de electrificación en localidades de menos de 2,500 habitantes. LEM2500: Localidades electrificadas menores a 2,500 habitantes. LM2500: Localidades menores a 2,500 habitantes. Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: INEGI. CFE. Responsable de reportar el avance: SENER. Objetivo 4.5: Proteger y restaurar los ecosistemas naturales, promoviendo su uso sustentable mediante una política ecológica humanista, inclusiva y participativa. Indicador 4.5.1 Porcentaje de la superficie nacional bajo algún mecanismo de conservación. Descripción: Mide el porcentaje de la totalidad de la superficie terrestre y marina del territorio nacional que se encuentra protegida mediante algún mecanismo de conservación. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional Forestal, SEMARNAT. Gobiernos estatales. Gobiernos municipales. INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMARNAT. Indicador 4.5.2 Porcentaje de superficie restaurada de ecosistemas degradados en zonas prioritarias. Descripción: Mide la superficie restaurada de ecosistemas degradados en zonas prioritarias (cuencas de los ríos Tula, Atoyac, Lerma-Santiago, Sonora, entre otros), con base en la meta establecida. ¿Cómo se mide?  PSREDZP: Porcentaje de superficie restaurada en ecosistemas degradados en zonas prioritarias. SEDZPRt: Superficie de ecosistemas degradados en zonas prioritarias restaurada en el año t. STEDZP: Superficie total de ecosistemas degradados en zonas prioritarias. Unidad de medida: Porcentaje Periodicidad: Anual
Fuente: CONAGUA, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Sistema Nacional de Información para la Restauración Ambiental, SEMARNAT. INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMARNAT. Objetivo 4.6: Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático, protegiendo la integridad de las cuencas y asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras. Indicador 4.6.1 Porcentaje de la superficie tecnificada en distritos de riego prioritarios. Descripción: Mide el porcentaje de superficie tecnificada respecto de las 200,000 ha por tecnificar en distritos de riego prioritarios. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Estadísticas agrícolas de los distritos de riego, SEMARNAT. Responsable de reportar el avance: SEMARNAT - CONAGUA. Indicador 4.6.2 Proyectos estratégicos de agua implementados. Descripción: Mide el avance en la implementación de los 17 proyectos estratégicos de agua. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Proyectos. Periodicidad: Anual (acumulada).
Fuente: Cuenta Pública, SHCP. Responsable de reportar el avance: SEMARNAT y CONAGUA. Eje Transversal 1 Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres Objetivo T1.1: Impulsar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de pobreza y precariedad laboral, garantizando condiciones equitativas de acceso al trabajo, ingresos dignos y una cultura de empoderamiento basada en la igualdad sustantiva. Indicador T1.1.1 Porcentaje de mujeres en situación de pobreza. Descripción: Mide el porcentaje de mujeres cuyo nivel de ingresos es insuficiente para adquirir los bienes y servicios básicos de alimentación, vestido, vivienda y transporte, entre otros; y además conlleva a que se vulnere el acceso básico a, por lo menos, un derecho social. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: INEGI(3) /. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Indicador T1.1.2 Índice de relación salarial entre mujeres y hombres. Descripción: Mide la relación entre la media de ingreso de las mujeres respecto a la media del ingreso de los hombres en el país. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Índice. Periodicidad: Bienal.
Fuente: ENIGH, INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Objetivo T1.2: Impulsar una sociedad de cuidados con perspectiva de género, interseccional, intercultural e intergeneracional, promoviendo el reconocimiento, redistribución y reducción de los trabajos domésticos y de cuidados, con corresponsabilidad entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Indicador T1.2.1 Número total de establecimientos de cuidados. Descripción: Mide el número de establecimientos de cuidados a nivel nacional proporcionados por el sector público, privado y la sociedad civil. ¿Cómo se mide?  NTEC: Número total de establecimientos de cuidados. SPU: Establecimientos de cuidados proporcionados por el sector público. SPR: Establecimientos de cuidados proporcionados por el sector privado. SC: Establecimientos de cuidados proporcionados por la sociedad civil. Unidad de medida: Establecimientos. Periodicidad: Anual.
Fuente: Mapa de Cuidados de México, SEMUJERES e INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Indicador T1.2.2 Brecha de la tasa de participación laboral entre mujeres y hombres. Descripción: Mide la diferencia del promedio trimestral de las tasas de participación laboral entre mujeres y hombres. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Puntos porcentuales. Periodicidad: Anual.
*/ Para el cálculo del valor de la línea base se consideró únicamente los primeros tres trimestres de 2024, ya que al momento del cálculo no se contaba con la información del cuarto trimestre. Fuente: ENOE, INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Indicador T1.2.3 Coeficiente de horas promedio a la semana dedicadas a labores de cuidado no remunerado por mujeres y hombres. Descripción: Mide la relación entre el promedio de horas a la semana que las mujeres dedican a labores de cuidado no remunerado respecto al promedio de horas a la semana que los hombres dedican a labores de cuidado no remunerado. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Índice. Periodicidad: Anual.
Fuente: SEMUJERES. ENASIC, INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Objetivo T1.3: Garantizar la participación plena y sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social y comunitario, promoviendo su liderazgo y el ejercicio efectivo de sus derechos. Indicador T1.3.1 Porcentaje de mujeres en puestos directivos. Descripción: Mide el número de funcionarias y directivas de los sectores público, privado y social respecto al número total de personas funcionarias y directivas de los sectores público, privado y social. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: ENOE, INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Indicador T1.3.2 Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular. Descripción: Mide el porcentaje de mujeres en distintos cargos de elección popular respecto al total de personas en cargos de elección popular a nivel federal, estatal y municipal. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Cámara de Diputados. Senado de la República. Organismos Públicos Nacionales y Locales Electorales. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Objetivo T1.4: Impulsar un cambio cultural con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad para erradicar las violencias contra las mujeres en todas sus formas, mediante estrategias de educación, sensibilización y promoción de su autonomía. Indicador T1.4.1 Percepción de las mujeres sobre el respeto de sus derechos. Descripción: Percepción de las mujeres sobre el respeto de sus derechos. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: No determinada. Conforme al siguiente levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS).
*/ Dado que la periodicidad de la ENADIS es quinquenal, se contará con un valor para el año 2032. Fuente: ENADIS, INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Indicador T1.4.2 Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses. Descripción: Mide el porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación, respecto del total de mujeres de 15 años y más, en los últimos 12 meses. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Quinquenal.
*/ Dado que la periodicidad de la ENDIREH es quinquenal, se contará con un valor para el año 2031. Fuente: ENDIREH, INEGI. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Objetivo T1.5: Garantizar una política nacional, integral y coordinada que brinde a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencias, una respuesta inmediata y la máxima protección del Estado, asegurando el acceso a la justicia mediante mecanismos efectivos, especializados y accesibles para su atención, acompañamiento y reparación integral del daño. Indicador T1.5 Variación porcentual de mujeres que solicitan y reciben servicios especializados de atención a las violencias y promoción de sus derechos por parte del Estado. Descripción: Mide la variación porcentual de las mujeres que solicitan y reciben uno o más servicios especializados en un centro de atención, tales como servicios jurídicos, psicoemocionales, albergues, desarrollo de autonomías y actividades lúdicas. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Variación porcentual. Periodicidad: Sexenal.
Fuente: SEMUJERES. Responsable de reportar el avance: SEMUJERES. Eje Transversal 2 Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional Objetivo T2.1: Incrementar la productividad y competitividad del país a través de un proceso de simplificación, digitalización y reducción en tiempos de resolución de trámites en los tres órdenes de gobierno. Indicador T2.1 Trámites simplificados en materia de constitución, construcción y operación/apertura (CCO) de empresas (estatal y municipal). Descripción: Indica el número de trámites en materia de constitución, construcción y operación/apertura de empresas, estatales y municipales que han sido simplificados. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Número de trámites. Periodicidad: Anual.
*/ Dado que la periodicidad del indicador es quinquenal, se contará con un valor para el año 2031. Fuente: Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS), Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Legislación local. Información de cada Entidad Federativa. Responsable de reportar el avance: ATDT. Objetivo T2.2: Impulsar la transformación digital y la modernización del sector público, garantizando la confianza en el uso de servicios digitales mediante medidas organizativas, técnicas y de gobernanza, que protejan los activos de información en la Administración Pública Federal. Indicador T2.2.1 Porcentaje de población con Identidad Digital Nacional (Llave). Descripción: Mide el porcentaje de población con Identidad Digital Nacional (Llave), respecto del total de la población. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: ATDT, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, CONAPO. Responsable de reportar el avance: ATDT. Indicador T2.2.2 Porcentaje de trámites integrados en el Portal Único de Trámites Digitales. Descripción: Mide el porcentaje de trámites integrados en el Portal Único de Trámites Digitales, respecto del total de los trámites federales. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: ATDT. Dependencias y entidades de la APF. Responsable de reportar el avance: ATDT. Objetivo T2.3: Unificar capacidades y proporcionar servicios críticos, así como mejorar la conectividad en áreas remotas, a través del Programa Espacial Mexicano, con el fin de garantizar el acceso a servicios esenciales y promover el desarrollo de estas regiones. Indicador T2.3 Número de satélites. Descripción: Mide el número de satélites del Estado Mexicano, tanto de telecomunicaciones como de observación. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Satélites. Periodicidad: Trienal.
Fuente: ATDT. Responsable de reportar el avance: ATDT. Objetivo T2.4: Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad. Este enfoque promoverá la formación científica, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica con visión humanista, contribuyendo al progreso integral del país. Indicador T2.4 Índice de resultados tecnológicos. Descripción: Mide el avance alcanzado de los resultados generados en materia de desarrollo tecnológico e innovación. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Índice. Periodicidad: Anual.
Fuente: IMPI en cifras, SE. Registros administrativos, SECIHTI. Responsable de reportar el avance: SECIHTI. Eje Transversal 3 Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas Objetivo T3.1: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asegurando su libre determinación y autonomía Indicador T3.1 Porcentaje de Leyes generales, federales y estatales que reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como el derecho a la libre determinación y autonomía, de conformidad con el Artículo 2o. Constitucional. Descripción: Se refiere a las leyes generales, federales y estatales que son creadas o modificadas en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para su armonización con lo mandatado en el Artículo 2o. Constitucional. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Gaceta parlamentaria del Congreso de la Unión. Gacetas parlamentarias de Congresos Locales. Diario Oficial de la Federación, SEGOB. Periódicos Oficiales y Gacetas Estatales. Responsable de reportar el avance: INPI(4) /. Objetivo T3.2: Diseñar e implementar Planes de Justicia y Desarrollo Regional en coordinación con los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos, su bienestar y un desarrollo integral, intercultural y sostenible, fortaleciendo su patrimonio cultural y la protección de sus territorios. Indicador T3.2 Porcentaje de planes de Justicia y desarrollo regional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en implementación. Descripción: El indicador dará seguimiento al avance en el número de planes de Justicia y desarrollo regional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en implementación con respecto a los programados a implementar. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: INPI. Responsable de reportar el avance: INPI. Objetivo T3.3: Ejecutar políticas, programas y asignar recursos presupuestales directos a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando su administración autónoma para fortalecer el ejercicio de sus derechos, su bienestar y su desarrollo integral, intercultural y sostenible. Indicador T3.3 Porcentaje de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que administran o ejercen recursos públicos federales de manera directa y/o ejecutan proyectos como sujetos de derecho público con apoyos de los programas federales. Descripción: Se refiere al seguimiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del país que han ejercido recursos públicos de manera directa o que han ejecutado proyectos como sujetos de derecho público con apoyos de programas federales. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: Cuenta Pública, SHCP. Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, INPI. Responsable de reportar el avance: INPI. Objetivo T3.4: Asegurar el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en los ámbitos social, económico, cultural, jurídico y político, fortaleciendo su capacidad de decisión y gestión en los niveles comunitario, municipal y regional. Indicador T3.4 Porcentaje de presidencias municipales o alcaldías electas por un sistema normativo indígena, o previa propuesta de algún partido político, bajo un sistema normativo indígena. Descripción: Se refiere a las personas que ocupan el cargo de presidente municipal o alcalde, electas por sistema normativo indígena o previa propuesta de algún partido político, bajo un sistema normativo indígena a nivel nacional. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Bienal.
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, INEGI. Órganos Públicos Locales Electorales, INE. Responsable de reportar el avance: INPI. Objetivo T3.5: Garantizar la preservación, protección, desarrollo y salvaguarda del patrimonio cultural, material e inmaterial, los conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Indicador T3.5.1 Número de proyectos culturales para el fortalecimiento de las expresiones del patrimonio cultural, tangible e intangible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas apoyados en su carácter de sujetos de derecho público a nivel nacional. Descripción: Mide el número acumulado de proyectos culturales que se apoyan para el fortalecimiento de las expresiones del patrimonio cultural, tangible e intangible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público a nivel nacional. ¿Cómo se mide?  Unidad de medida: Número de proyectos. Periodicidad: Anual.
Fuente: INPI. Responsable de reportar el avance: INPI. Indicador T3.5.2 Porcentaje de la cobertura lingüística registrada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que cuenta con intérpretes y traductores certificados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI). Descripción: Se refiere a la proporción de las variantes lingüísticas que cuentan con intérpretes y traductores certificados en el PANITLI a nivel nacional. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Anual.
Fuente: INALI, Cultura. Responsable de reportar el avance: INPI. Objetivo T3.6: Asegurar el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando su plena autonomía para ejercer el derecho a la libre determinación y definir sus propios modelos de desarrollo que fortalezcan su bienestar y calidad de vida. Indicador T3.6 Porcentaje de población en situación de pobreza según pertenencia étnica. Descripción: Se refiere a la proporción de personas que se identifican como indígenas o pertenecientes a un grupo étnico determinado que viven en condiciones de pobreza a nivel nacional. ¿Cómo se mide? 
Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Bienal.
Fuente: INEGI.(5) / Responsable de reportar el avance: INPI. VISIÓN DE LARGO PLAZO: PLAN MÉXICO El Plan México nació de la conciencia en el Gobierno que es innecesario depender de proveeduría extranjera, especialmente de Asia, para productos que hace mucho tiempo ya producíamos. A eso se suma ahora el propósito de también producir otros productos e insumos de nueva generación que sustentan las industrias del futuro, incluyendo el equipo de transporte y la movilidad, la alta tecnología, equipos médicos, industria farmacéutica y otros. Su propósito es aprovechar nuestro mercado interno para la producción que tenga lugar en México y emplee a nuestros trabajadores. Al mismo tiempo, contribuir a equilibrar balances de comercio exterior con otros países en bien de la convivencia y bienestar de todos. Durante décadas del periodo neoliberal, México estuvo integrado a las cadenas globales de valor, pero sin una estrategia industrial que garantizara que el país aumentara su valor agregado manteniendo ramas industriales que son necesarias para los equilibrios y la estabilidad social regional. La expansión de la manufactura en el país no siempre se tradujo en mayor desarrollo tecnológico ni en una mayor participación de la industria nacional en la producción de bienes con alto valor agregado. El Plan México busca corregir esta tendencia. A través de un enfoque integral, se pretende fortalecer la industria local, aprovechar más nuestra situación geográfica y obtener ingresos remunerativos para los trabajadores. Hacia un nuevo modelo de desarrollo industrial El contexto global ha cambiado significativamente en los últimos años. Durante décadas, el comercio internacional estuvo dominado por una lógica en la que la producción se trasladaba a países con menores costos laborales, desmantelando industrias locales y generando desigualdades estructurales. México no fue la excepción. Sin una política industrial robusta, la globalización dejó a varias regiones del país en desventaja, concentrando la inversión en unos pocos polos de desarrollo. Uno de los momentos clave de este cambio fue la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, lo que marcó una reconfiguración de la producción mundial. Con costos de operación más bajos y una estrategia agresiva de exportaciones basada en subsidios estatales, China desplazó la producción manufacturera de muchas regiones, incluyendo Norteamérica. México, que hasta entonces se había consolidado como un actor clave en la industria manufacturera, perdió presencia en diversos sectores y vio cómo muchas empresas multinacionales trasladaban su producción a Asia. El impacto de esta reconfiguración global fue profundo. La economía mexicana comenzó a depender de un número reducido de sectores, principalmente el automotriz, la manufactura de exportación y la electrónica, mientras que otros sectores industriales quedaron rezagados. La falta de una estrategia de desarrollo industrial hizo que el país sacrificara su diversificación productiva y que muchas regiones se vieran afectadas por la pérdida de empleos y la disminución de la inversión productiva. Además, sin una política clara de desarrollo tecnológico, México no pudo adaptarse completamente a las nuevas dinámicas industriales. La falta de inversión en innovación y la ausencia de un impulso para la capacitación de la fuerza laboral hicieron que la industria nacional se integrara a las cadenas globales, pero en su mayoría en actividades de ensamblaje y manufactura con bajo valor agregado. Reindustrialización con contenido nacional Ante este panorama, el Plan México plantea una nueva estrategia de industrialización que garantice que el crecimiento económico no solo se traduzca en más exportaciones, sino en una mayor industrialización en el país. Uno de sus principales objetivos es incrementar la participación de empresas mexicanas en la cadena de proveeduría de las exportaciones. Esto permitirá que las empresas nacionales, desde micro, pequeñas y medianas hasta grandes corporaciones, tengan un papel más activo en la manufactura de bienes intermedios, insumos y componentes esenciales. Hoy, una parte significativa de las exportaciones mexicanas depende de insumos importados, lo que limita la generación de valor agregado en la economía nacional. Si México logra aumentar su integración productiva, reducirá su dependencia de importaciones y fortalecerá su soberanía industrial. Esto también beneficiará a la población trabajadora, ya que la producción con mayor contenido nacional genera empleos mejor remunerados y con mayor estabilidad. El fortalecimiento de la industria nacional no solo es una estrategia económica, sino una política social. Una economía más integrada y diversificada permite distribuir los beneficios del crecimiento en todo el país, cerrando brechas de desarrollo entre regiones y evitando la concentración de la inversión en unas pocas zonas industriales. Con una mayor presencia de empresas mexicanas en la cadena de proveeduría, se creará un círculo virtuoso en el que la industria nacional impulse el crecimiento interno y refuerce el mercado laboral. Para lograrlo, el Plan México ya ha sentado bases sólidas. El Gobierno ha implementado incentivos fiscales y políticas de relocalización que facilitan la inversión en sectores estratégicos. Se ha puesto en marcha el Decreto de Relocalización, que incentiva nuevas inversiones y promueve la capacitación especializada de la fuerza laboral. Además, la creación de diez nuevos parques industriales y Polos de Bienestar busca descentralizar el crecimiento económico y aprovechar las vocaciones productivas regionales. Infraestructura estratégica para el desarrollo El éxito del Plan México también depende de una infraestructura moderna y eficiente que permita una producción a gran escala con costos competitivos. En este sentido, el Gobierno ha diseñado una estrategia de inversión en infraestructura productiva que abarca desde la expansión de la red ferroviaria hasta la modernización de los puertos y aeropuertos del país. Uno de los ejes clave es la expansión de tres mil kilómetros de vías férreas para el transporte de carga y pasajeros, lo que permitirá fortalecer la conectividad productiva y reducir costos logísticos. Asimismo, se han planteado inversiones en infraestructura energética, con una meta de 22 mil megavatios adicionales de generación eléctrica para 2030, asegurando que hasta el 45% de la energía provenga de fuentes limpias. Otro de los pilares del plan es la seguridad hídrica, con 17 proyectos de infraestructura que asegurarán el acceso sostenible al agua a más de 31 millones de personas, protegiendo así sectores productivos clave. Estas acciones garantizan que el desarrollo industrial no comprometa los recursos naturales y que la expansión de la producción se lleve a cabo de manera sustentable. Innovación y tecnología: el futuro de la industria mexicana El mundo se encuentra en un proceso acelerado de transformación digital e innovación tecnológica. México no puede quedarse atrás en esta transición. Por ello, el Plan México incluye una estrategia para fortalecer la innovación tecnológica, el desarrollo de semiconductores y la electromovilidad, asegurando que el país se convierta en un actor clave en la manufactura avanzada. El plan también contempla el impulso a la industria farmacéutica y aeroespacial, sectores con un alto potencial de crecimiento y generación de empleos de calidad. Además, busca la transformación digital de la industria automotriz y manufacturera, incorporando nuevas tecnologías que eleven la productividad y reduzcan costos operativos. Hacia un México industrializado y equitativo El Plan México es una apuesta por el futuro del país. No se trata solo de aumentar la producción o mejorar las exportaciones, sino de transformar la estructura productiva de manera que el crecimiento sea equitativo, sostenible y con soberanía. Con esta estrategia, México reducirá su dependencia de importaciones, fortalecerá su capacidad productiva y generará empleos formales y bien remunerados en todo el país. La meta es clara: construir una economía más justa, competitiva y preparada para los desafíos del futuro. Por primera vez, México tiene un plan de desarrollo industrial de largo plazo, que deja atrás modelos de crecimiento que solo beneficiaron a unos cuantos y traza un destino de prosperidad para todas y todos. El país tiene el talento, la capacidad y los recursos para consolidarse como una de las economías más dinámicas del mundo.
Anexo 1: Sistema Nacional de Planeación Democrática PROGRAMAS DERIVADOS DEL PND 2025-2030 En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática que señala la Ley de Planeación, las dependencias y entidades de la APF tienen la obligación de integrar, publicar en el Diario Oficial de la Federación y dar seguimiento a los programas de tipo sectorial, especial, regional e institucional que derivan del PND. De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Planeación, a continuación, se indican agrupados por eje general y transversal, los programas derivados del PND 2025 - 2030 de tipo especial y regional que deberán ser elaborados por las dependencias y entidades de acuerdo con sus ámbitos de atribución y con fundamento en las leyes vigentes, así como aquellos que ha determinado la Presidenta de la República. Programas derivados del PND que tienen fundamento en la normativa vigente: Eje General 1. Gobernanza con justicia y participación ciudadana · Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos · Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación · Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes · Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo · Programa para la Seguridad Nacional · Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia · Programa Nacional de Protección Civil · Programa Nacional de Seguridad Pública Eje General 2. Desarrollo con bienestar y humanismo · Programa Nacional de Cultura Física y Deporte · Programa Nacional de Educación Superior · Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil · Programa Nacional de Asistencia Social · Programa Nacional de Juventud · Programa Nacional de Vivienda · Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad · Programa Nacional de Desarrollo Social Eje General 3. Economía moral y trabajo · Programa Nacional de Semillas · Programa Nacional de Pesca y Acuacultura · Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar · Programa Especial del Sistema Agroalimentario · Programa Especial para la Productividad y la Competitividad · Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad · Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano · Programa Nacional de Infraestructura · Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico Eje General 4. Desarrollo sustentable · Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable · Programa Nacional Hidráulico · Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial · Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos · Programa Nacional Hídrico · Programa Nacional Forestal · Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados · Programa Especial de Cambio Climático · Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía · Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio · Programa Especial de la Transición Energética Eje Transversal 1. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres · Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres · Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Eje Transversal 2. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional · Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación Programas adicionales a los señalados en la normativa vigente que deberán ser elaborados: Eje General 1. Gobernanza con justicia y participación ciudadana · Programa Nacional de Derechos Humanos · Programa Nacional de Población Eje General 2. Desarrollo con bienestar y humanismo · Programa General Lázaro Cárdenas del Río Eje Transversal 3. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas · Programa Especial de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas Finalmente, cabe destacar que las dependencias deberán elaborar programas sectoriales y las entidades paraestatales sus correspondientes programas institucionales, de conformidad con los artículos 16 y 17 de la Ley de Planeación, respectivamente. Anexo 2: RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA El proceso de consultas para la elaboración del PND 2025 - 2030 se llevó a cabo entre el 6 y el 19 de enero de 2025. Durante este periodo, la ciudadanía participó con el envío de propuestas y asistió a los foros realizados a lo largo de todo el país. En el marco de la convocatoria de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para participar en la construcción del PND, el Gobierno de México agradece a todas las personas que contribuyeron a fortalecer el documento. Más de 56 mil mujeres, hombres, adultos y jóvenes de todas las regiones y pueblos originarios del país expusieron sus preocupaciones y reflexionaron sobre las necesidades del pueblo, generando 11,523 propuestas orientadas a continuar con la transformación del país. Este proceso de consulta fue histórico, puesto que, por primera vez, se dio voz a los 68 pueblos originarios, reconociéndolos como sujetos de derecho público. Consulta Ciudadana por Internet A través de las páginas de internet planeandojuntas.gob.mx y planeandojuntos.gob.mx, los ciudadanos contribuyeron con 3,258 propuestas para los ejes que conforman el PND 2025 - 2030. Las propuestas revelaron que los temas de mayor interés para las y los mexicanos fueron: i) el desarrollo, ii) el buen gobierno, iii) el apoyo a las personas, iv) las niñas y niños y v) el bienestar social (ver figura 1). La mitad de las propuestas recibidas vía internet se dirigieron a temas de los ejes generales 2 y 4, reflejando así la demanda del pueblo de México respecto a un desarrollo con bienestar, humanista y sustentable. Por su parte, destacó la recepción de 457 propuestas orientadas a fortalecer los derechos laborales, y 250 propuestas relacionadas con la innovación pública, resaltando así las demandas de la ciudadanía respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores y la cercanía con sus gobernantes.
Foros de Consulta Se llevaron a cabo un total de 57 foros en las entidades federativas, en los cuales participaron más de 53 mil personas, 22 mil de ellas vía internet. Cada foro contó con una sesión plenaria y mesas de trabajo, lo que permitió escuchar a todas las voces de diversos sectores y regiones, enriqueciendo así los objetivos y estrategias de cada uno de los ejes del PND. En total se realizaron 245 mesas de trabajo donde se realizaron 8,265 propuestas, las cuales sumadas a las 3,258 de la página de internet dan un total de 11,523. Cada foro consideró mesas especiales para los temas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la innovación tecnológica. La finalidad de todas las mesas fue identificar los objetivos y estrategias relevantes para atender las necesidades más apremiantes de todos los grupos de la población. Los temas más recurrentes en los foros fueron la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el desarrollo de las comunidades y pueblos originarios, el desarrollo y bienestar de la población, el respeto y acceso a todos los derechos, salud, y educación para los jóvenes. Las propuestas sobre estos temas ayudaron a definir los objetivos, así como a delinear un gran número de las estrategias presentadas en este PND. 1 Genéricos seleccionados para la ponderación de los productos estratégicos según el INPC: Tortilla de maíz, azúcar, frijol, pan blanco, arroz, café soluble, leche pasteurizada y fresca, huevo, carne de res, pollo, carne de cerdo y pescado. 2 / Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI). 3 / Hasta la fecha de elaboración del presente documento la medición de la pobreza la había realizado el CONEVAL. 4 / El INPI elaborará un Diagnóstico Nacional de armonización jurídica en materia de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para determinar el universo de instrumentos jurídicos a nivel nacional susceptibles de modificación, con base en los artículos Transitorios Tercero, Cuarto y Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024. 5 / Hasta la fecha de elaboración del presente documento la medición de la pobreza la había realizado el CONEVAL. |
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